Niegan libertad a exconsejera Sandra Ortiz por caso UNGRD

La exconsejera presidencial para las regiones, Sandra Liliana Ortiz Nova, continuará detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de que un juez de control de garantías negara la solicitud de libertad presentada por su defensa. La exfuncionaria es señalada como una de las piezas clave en el entramado de corrupción que rodea a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El despacho judicial dejó en firme la medida de aseguramiento impuesta desde el 18 de diciembre de 2024, al considerar que la Fiscalía General de la Nación demostró que Ortiz sigue representando un riesgo para la comunidad y podría interferir en el curso del proceso penal. La exconsejera enfrenta cargos por lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público, delitos que podrían derivar en una condena considerable.

Las pruebas que la vinculan al escándalo

Según la investigación, en octubre de 2023, Sandra Ortiz habría recibido 3.000 millones de pesos de parte de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, quienes la habrían utilizado como intermediaria para entregar el dinero a Iván Leonidas Name Vásquez, entonces presidente del Congreso de la República. La suma correspondería, de acuerdo con la Fiscalía, al pago de un soborno dentro de un esquema de corrupción que comprometía recursos públicos de la entidad.

El ente acusador sostiene que Ortiz actuó de manera coordinada con otros funcionarios para encubrir la entrega del dinero y darle apariencia de legalidad, lo que constituiría un concurso de conductas punibles, siendo el lavado de activos el delito con la pena más severa entre los imputados.

Un proceso que sigue bajo la lupa

La defensa de Ortiz había solicitado la revocatoria de la medida de aseguramiento, argumentando que su cliente no representa peligro alguno ni intención de obstruir la justicia. Sin embargo, el juez concluyó que las pruebas y testimonios presentados por la Fiscalía mantienen vigente el riesgo procesal y justifican su detención preventiva.

Con este fallo, el proceso contra la exconsejera entra en una nueva etapa judicial, mientras continúa la investigación por el escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD, entidad encargada de administrar los recursos destinados a la atención de emergencias y desastres en el país.

El caso, que ya ha salpicado a varios exfuncionarios y excongresistas, sigue siendo uno de los más representativos de los nexos entre política y corrupción en la administración pública reciente.

Sigue leyendo más noticias en Revista Poder

Si quieres conocer más de Revista Poder, visita nuestro canal de  YouTube