Minsalud busca centralizar la compra de medicamentos para enfermedades huérfanas

El Ministerio de Salud y Protección Social dio un paso clave en la política pública de atención a pacientes con enfermedades huérfanas, al expedir la Resolución 542 de 2025, mediante la cual se reglamenta la adquisición, distribución y entrega de medicamentos destinados al tratamiento de estas patologías, caracterizadas por ser raras, crónicamente debilitantes y de baja prevalencia —menos de un caso por cada 5.000 habitantes

La resolución, firmada el pasado 31 de marzo, establece un nuevo esquema de compra centralizada que busca optimizar el acceso a estos tratamientos altamente especializados y, en muchos casos, costosos. Bajo esta estrategia, será el propio Ministerio de Salud el encargado de adelantar la adquisición directa de los fármacos, lo que permitirá evitar la dispersión de esfuerzos administrativos a nivel territorial y garantizar una mayor eficiencia en la gestión de recursos.

“El objetivo es asegurar una entrega oportuna, continua y sin interrupciones a los pacientes registrados en el Sistema de Información de Enfermedades Huérfanas”, se lee en el documento, que además contempla la articulación con entidades territoriales, EPS e IPS para consolidar una cadena logística sólida desde la compra hasta la entrega final al paciente.

Este modelo, que excluye a los medicamentos ya financiados por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), será implementado con la participación de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES), junto con las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado, y las instituciones prestadoras de salud. La vigilancia del proceso estará a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud y otras entidades con funciones de control y supervisión.

Contexto de tensión: investigación por acaparamiento

La nueva resolución se da a conocer en un momento especialmente tenso para el sistema de salud, tras una denuncia penal interpuesta por el Ministerio el pasado 26 de marzo contra Audifarma, uno de los mayores gestores farmacéuticos del país. Según la cartera de Salud, la empresa habría incurrido en prácticas de acaparamiento al restringir la entrega de medicamentos esenciales a usuarios de la Nueva EPS, lo cual podría constituir una violación a la legislación penal por poner en riesgo la salud de miles de colombianos.

Esta denuncia fue presentada ante la Fiscalía General de la Nación, y plantea una preocupación creciente sobre el papel de los gestores farmacéuticos en la cadena de suministro. El presidente Gustavo Petro ha sido enfático en sus críticas, asegurando que algunas de estas entidades estarían reteniendo medicamentos con el fin de especular en los precios y generar escasez artificial.

No obstante, Fenalco, gremio que representa a los gestores farmacéuticos, rechazó las acusaciones y aseguró que las imágenes difundidas por el Gobierno corresponden a una operación regular en los centros de distribución, sin que se evidencie la existencia de acaparamiento.

Este escenario ha puesto sobre la mesa la urgencia de reformar el sistema de distribución de medicamentos en Colombia. Por ello, desde el Congreso de la República se han convocado mesas de trabajo con el propósito de revisar a fondo el modelo actual, identificar cuellos de botella y formular propuestas que garanticen el derecho efectivo a la salud de los pacientes.

Con esta nueva resolución, el Gobierno nacional pretende marcar una diferencia significativa en la atención a las personas que padecen enfermedades huérfanas, un grupo históricamente olvidado por el sistema. Sin embargo, la efectividad de la medida dependerá no solo de su implementación técnica, sino también de la capacidad del Estado para ejercer control, evitar prácticas irregulares y asegurar que los medicamentos lleguen a quienes los necesitan sin demoras ni obstáculos.