La UNP negó las solicitudes de refuerzo de seguridad de Miguel Uribe Turbay: 20 peticiones rechazadas

El senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, solicitó en 2025 a la Unidad Nacional de Protección (UNP) reforzar su esquema de seguridad debido a los riesgos asociados a los desplazamientos políticos en su campaña. A pesar de que Uribe Turbay expuso la situación extraordinaria en la que se encontraba, la UNP rechazó todas sus peticiones, una serie de 20 solicitudes enviadas desde enero de ese año.

Según fuentes cercanas al senador, las solicitudes enviadas a la UNP pedían apoyo para garantizar vehículos blindados y escoltas adicionales durante sus visitas a diversas ciudades del país, como Cali, Medellín, Santa Marta, Neiva, Cúcuta e Ibagué, entre otras. Sin embargo, la respuesta siempre fue negativa, incluso cuando la UNP había reconocido, previamente, la necesidad de un estudio de seguridad extraordinario para Uribe, dada su condición de precandidato.

Un miembro del equipo de Miguel Uribe Turbay aseguró que, al salir de Bogotá para sus compromisos en otros puntos del país, no contaban con un escolta ni un vehículo blindado. En su lugar, el equipo del senador recurría a vehículos privados prestados por amigos o pagados de su propio bolsillo. La negativa de la UNP se sustentaba en que, como senador de la República, Uribe no podía recibir refuerzos adicionales en su esquema de seguridad.

“Nos movíamos con lo que teníamos a mano. La UNP no brindó el apoyo necesario a pesar de las solicitudes hechas por nosotros. Cada vez que pedíamos refuerzos para los desplazamientos, la respuesta fue la misma: negativa”, señaló el miembro del equipo, quien pidió mantener su identidad en reserva.

La última solicitud formal de Uribe para reforzar su seguridad fue respondida con un argumento similar: el convenio con el Congreso no permitía incrementar la protección de los congresistas en sus desplazamientos fuera de la capital, lo que dejaba al senador sin los recursos necesarios para garantizar su seguridad personal en los viajes fuera de Bogotá.

Este rechazo por parte de la UNP ha generado cuestionamientos sobre la gestión de la seguridad de los funcionarios y candidatos, especialmente en el contexto de un país donde la violencia y las amenazas son comunes, particularmente hacia figuras políticas. El atentado reciente contra Miguel Uribe Turbay, en el que resultó gravemente herido, ha reavivado el debate sobre la protección de los líderes políticos y los mecanismos de seguridad disponibles para ellos.