Katherine Miranda reta a Iván Cepeda a denunciar a Petro por bombardeo en el que murieron siete menores: “¿Te le mides?”

La muerte de siete menores de edad en medio de un bombardeo contra alias Iván Mordisco en Guaviare desató una ola de indignación nacional y reabrió el debate sobre el uso de este tipo de operaciones militares en zonas donde hay presencia de menores reclutados. La polémica alcanzó al Gobierno de Gustavo Petro, que en el pasado criticó fuertemente esta práctica durante la administración de Iván Duque.

En ese contexto, la representante a la Cámara Katherine Miranda lanzó un reto directo al senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, recordándole que durante el gobierno Duque él mismo denunció penalmente al entonces ministro de Defensa, Diego Molano, por un bombardeo donde también murieron menores.

Miranda publicó un mensaje en X citando las palabras que Cepeda escribió en 2021: “Su deber es rescatar a menores víctimas de reclutamiento forzado, no bombardearlos”. Con base en ese antecedente, la congresista lo invitó a actuar con la misma firmeza frente al gobierno que hoy respalda.

“Querido Iván Cepeda, te invito a que juntos denunciemos al presidente Gustavo Petro y al ministro Pedro Sánchez por graves violaciones al derecho internacional humanitario. La coherencia y los principios no deben depender del gobierno de turno. ¿Te le mides?”, escribió Miranda, cuestionando lo que considera un doble rasero frente a hechos prácticamente iguales.

Tras confirmarse la muerte de los menores, Cepeda condenó públicamente el bombardeo y reiteró que este tipo de acciones están prohibidas por el Derecho Internacional Humanitario. También rechazó el reclutamiento infantil y las acciones violentas de las disidencias de las FARC.

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido durante el gobierno Duque, no anunció ninguna acción penal o disciplinaria, lo que le generó críticas desde distintos sectores, incluyendo el llamado directo de Miranda.

El episodio reaviva una discusión sensible: la responsabilidad del Estado en operaciones militares donde hay menores de edad y la obligación de actuar con coherencia política frente a las violaciones del DIH, sin importar quién ocupe la Casa de Nariño.

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