¿Juliana Guerrero usó aeronaves de la Policía para vuelos personales? Esto halló la Contraloría

La Contraloría General de la República determinó un hallazgo fiscal de $213.548.069,50 por el uso indebido de aeronaves oficiales de la Policía Nacional por parte de Juliana Guerrero, cuando era funcionaria del Ministerio del Interior, al evidenciar que los vuelos realizados en junio de 2025 no tenían justificación misional.

De acuerdo con la investigación, los viajes en avión y helicóptero llevaban a Guerrero a sesiones del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar (UPC), actividad que no corresponde a sus funciones en el Ministerio. Los itinerarios autorizados bajo el convenio de cooperación entre el Ministerio, la Policía y la Corporación de la Industria Aeronáutica Colombiana, fueron usados para fines distintos a los previstos.

¿Qué encontró la Contraloría?

  • Los vuelos se realizaron los días 19 y 20 de junio de 2025, en rutas Bogotá–Valledupar y Valledupar–Aguachica–Valledupar.
  • No hubo misión institucional ni actividad oficial del Ministerio del Interior que justificara el uso de aeronaves policiales.
  • El movimiento fue utilizado para asistir a una reunión universitaria, lo que la Contraloría considera como un desplazamiento personal o privado, no misional.
  • Se configuró un posible detrimento patrimonial: los costos operativos y de combustible ascienden a los más de $213 millones señalados.
  • La actuación implicaría una gestión “ineficaz, ineficiente y antieconómica” de recursos públicos, al violar las normas que regulan el uso de aeronaves oficiales.

Estado del caso

La Contraloría ya remitió sus conclusiones al Ministerio del Interior y a la Policía, junto con una solicitud de plan de mejoramiento para resarcir el daño patrimonial. Al mismo tiempo, la situación podría derivar en una investigación disciplinaria e incluso responsabilidad fiscal para los responsables del contrato y los vuelos.

El escándalo ha generado fuertes críticas políticas y cuestionamientos sobre la ética en el uso de recursos del Estado, especialmente porque Juliana Guerrero fue señalada desde antes por su perfil controversial en el Gobierno.

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