JEP Imputa a 28 Exmilitares por 604 Falsos Positivos en la Costa Caribe
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha imputado a 28 exmilitares por su presunta implicación en al menos 604 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2002 y 2008 en la región Caribe de Colombia. Este es el mayor número de víctimas atribuibles a los llamados «falsos positivos» desde la creación de la JEP, un fenómeno donde se presentaron como bajas en combate a personas inocentes, que en su mayoría fueron asesinadas y luego disfrazadas como guerrilleros.
Las víctimas fueron identificadas en siete departamentos de la región, incluyendo a 26 menores de edad y 31 indígenas de los pueblos Wayuú, Wiwa y Kankuamo. La investigación abarcó a 19 unidades militares, destacando la implicación de altos mandos, entre ellos tres mayores generales, dos brigadieres generales, así como numerosos oficiales y suboficiales. Entre los nombres señalados figuran Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth, Raúl Antonio Rodríguez Arévalo y Fabricio Cabrera Ortiz, entre otros.
Según la JEP, estos crímenes formaban parte de una política institucional que premiaba las bajas y castigaba a quienes no cumplían con los objetivos. En total, se registraron 517 de estas ejecuciones entre 2004 y 2007, con el año 2007 siendo el más letal, con 257 víctimas. Las pruebas en los expedientes se sustentan en documentos militares, procesos judiciales y testimonios de excombatientes que revelaron cómo funcionaban estas estructuras criminales dentro del Ejército.
El modus operandi consistía en presentar a las víctimas como guerrilleros muertos en combate o en atraer a personas vulnerables mediante falsas ofertas de empleo para luego asesinarlas. Esta última modalidad fue responsable de la muerte de 343 personas en 59 municipios de la región Caribe.
El caso resalta que estas ejecuciones no fueron actos aislados, sino que formaban parte de un patrón sistemático que contaba con el conocimiento y la cobertura dentro de las Fuerzas Militares. Uno de los ejemplos más notorios es el caso del Batallón La Popa, en Cesar, cuyo excomandante, Publio Hernán Mejía, enfrenta juicio por negarse a reconocer su responsabilidad, a pesar de las pruebas en su contra.
Este desarrollo subraya cómo los falsos positivos no solo fueron limitados a regiones como Antioquia, sino que también se expandieron a otras áreas del país, afectando gravemente a comunidades vulnerables y dejando una marca indeleble en la historia de la violencia estatal en Colombia.



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