Iván Velásquez y Luz Camargo, señalados por justicia guatemalteca en caso Odebrecht

El 2 de junio de 2025, la justicia guatemalteca emitió órdenes de captura contra Iván Velásquez, exministro de Defensa de Colombia, y Luz Adriana Camargo, fiscal general de Colombia. Ambos fueron acusados de asociación ilícita, obstrucción de justicia, tráfico de influencias y colusión, presuntamente por haber favorecido a empresarios de la multinacional brasileña Odebrecht durante su participación en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). El fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, señalado por corrupción por Estados Unidos y la Unión Europea, lideró la investigación que culminó en estas órdenes de captura .

La CICIG, respaldada por la ONU, operó en Guatemala entre 2007 y 2019 y fue fundamental en la desarticulación de redes de corrupción de alto nivel, incluyendo el caso “La Línea”, que llevó a la renuncia y encarcelamiento del entonces presidente Otto Pérez Molina y la vicepresidenta Roxana Baldetti . Sin embargo, en 2018, el gobierno guatemalteco, liderado por el presidente Jimmy Morales, decidió expulsar a la CICIG, argumentando que su mandato había sido excedido. Desde entonces, varios exfuncionarios vinculados a la comisión han enfrentado persecuciones legales y políticas.

La comunidad internacional ha expresado preocupación por lo que consideran un patrón de criminalización de operadores judiciales que han luchado contra la corrupción en Guatemala. Organizaciones como Human Rights Watch han calificado estas acciones como represalias por el trabajo anticorrupción realizado por la CICIG .

El gobierno colombiano, a través de su canciller Laura Sarabia, rechazó las órdenes de captura, calificándolas de infundadas y carentes de base jurídica. El presidente Gustavo Petro también expresó su apoyo a Velásquez, calificando las acciones legales como un intento de perseguir a quienes han luchado contra la corrupción. Además, convocó a la embajadora de Colombia en Guatemala a consultas como muestra de solidaridad y rechazo a las medidas adoptadas por las autoridades guatemaltecas 

Este conflicto refleja las tensiones entre la lucha contra la corrupción y los intereses políticos en Guatemala, así como las implicaciones diplomáticas que pueden surgir cuando se percibe que la justicia es utilizada con fines políticos.