Investigadores del CTI Revelan Supuestas Irregularidades en Fiscalía: Vicefiscal Martha Mancera se Defiende
La vicefiscal Martha Mancera se enfrenta a serias acusaciones de agentes del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI), quienes afirman que la funcionaria los persigue por denunciar a Francisco Javier Martínez Ardila, coordinador del CTI en Buenaventura, por presunta implicación en narcotráfico y tráfico de armas.
Los agentes, Pablo Andrés Bolaños Salas y Fabio de Jesús González León, respaldan sus afirmaciones con nombres y documentos, alegando que descubrieron las actividades del coordinador del CTI en Buenaventura mientras infiltraban organizaciones criminales en Caldas, Cauca y el Valle. Mancera, aspirante a reemplazar a Francisco Barbosa por varios meses, niega las acusaciones y sugiere que hay intereses detrás de estas afirmaciones.
En su respuesta, la vicefiscal asegura que «los señores Pablo Bolaños y Fabio González por supuesto que los conocí» y que las afirmaciones de su favorecimiento a narcotraficantes son falsas. Mancera sostiene que se trata de un complot en su contra, orquestado desde mediados de 2020, y señala a la fiscal Angélica Monsalve de construir montajes en su contra.
Además, la vicefiscal acusa al presidente Gustavo Petro de liderar un plan para desprestigiarla y evitar su designación como fiscal general de la Nación. En un mensaje directo al presidente, Mancera pide que cese la estrategia de hacer creer a los colombianos que no es una persona honesta y que respete su carrera de 30 años en el servicio de investigación.
La situación se torna más intensa cuando Mancera responsabiliza al presidente Petro por su seguridad y la de su familia, indicando que «quien me puso la lápida encima fue el presidente de la república al postear todas las situaciones en las cuales indica sin sustento jurídico que estoy favoreciendo a tal persona.»
La controversia entre la vicefiscal y los agentes del CTI pone de manifiesto una creciente tensión en la escena política y judicial colombiana, con implicaciones que podrían afectar la designación del próximo fiscal general de la Nación.



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