Infiltración de ‘Calarcá’: esto dice la Fiscalía tras escándalo del Estado

La Fiscalía General de la Nación lanzó una investigación luego de que medios informaran sobre supuestos vínculos entre las disidencias comandadas por alias Calarcá y altos funcionarios del Estado.

Según reportes de Noticias Caracol, en dispositivos incautados durante un operativo en julio de 2024 en Anorí, Antioquia, se encontraron correos y chats que involucrarían al general Juan Miguel Huertas y al alto funcionario del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI) Wilmar Mejía, señalándolos como articuladores de una posible red de protección para esa estructura criminal.

Frente a esas acusaciones, el presidente Gustavo Petro fue contundente: “Puedo afirmar que las versiones de supuestos informes de inteligencia sobre Huertas y Wimer son falsos”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Además, acusó a quienes han divulgado esa información de intentar “purgar a las personas que me han ayudado a identificar oficiales del Ejército corruptos”.

Petro también ha apuntado a la CIA como origen de estas filtraciones, asegurando que la agencia extranjera estaría detrás de esa narrativa para debilitar su administración. Para él, las denuncias representan un uso político de la inteligencia, más que una verdad comprobable.

Mientras tanto, la Fiscalía no ha parado en el impulso de sus pesquisas: la fiscal general Luz Adriana Camargo ordenó la intervención del delegado contra la Criminalidad Organizada y abrió nuevas líneas investigativas sobre una posible cooptación de agentes del Estado, alianzas ilegales, financiación criminal y creación de empresas fachada para las disidencias.

«Es pertinente informar a la opinión pública que los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN, por lo que resulta alarmante que su contenido hubiera trascendido públicamente, en clara violación del principio de reserva que rige las actuaciones penales», dice el comunicado de la Fiscalía

El detonante fue la revelación de correos en los que Calarcá instruye a sus subordinados para reunirse con Huertas, teóricamente para formalizar una empresa de seguridad que facilitaría la movilidad de disidentes usando vehículos blindados y armas legalizadas. Esa información ha causado conmoción política y ha desatado demandas de claridad sobre cómo operan los dispositivos de inteligencia del Estado.

Petro, por su parte, defendió que su administración ha frenado negocios opacos ligados al paramilitarismo, mencionando supuestos sobornos provenientes de permisos para compañías de seguridad. Esta mezcla de crisis institucional y choque comunicativo convierte al caso en uno de los más delicados para su Gobierno en materia de seguridad y transparencia.

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