Imputan a exgobernador de Putumayo por presunta corrupción en contrato para el departamento

La Fiscalía imputó al exgobernador de Putumayo, Jimmy Harold Díaz Burbano, por presuntas anomalías en un contrato firmado durante los últimos meses de su administración (2012-2015). La entidad sostiene que el exmandatario tramitó la contratación sin cumplir los requisitos legales y que permitió un uso indebido de recursos públicos destinados al municipio de San Miguel.

Díaz Burbano suscribió un contrato el 1 de septiembre de 2015 por más de 666 millones de pesos. El proyecto buscaba construir el alcantarillado sanitario de la vereda La Güisita. La investigación señala que la Gobernación adelantó el proceso sin estudios previos y sin la planeación mínima que exige la ley. El dinero provenía del Sistema General de Participaciones, rubros asignados a acueducto y saneamiento básico del municipio, que se encontraba descertificado en ese momento.

Fiscalía revela adición injustificada y presuntos beneficios al contratista

La Fiscalía también identificó otra situación relevante. El 1 de diciembre de 2015, a un mes de dejar el cargo, Díaz Burbano firmó una adición por 200 millones de pesos a favor del contratista. La modificación buscaba financiar una planta compacta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, los investigadores establecieron que el contrato inicial ya incluía esa obra.

Para la Fiscalía, esa adición no tenía sustento técnico ni jurídico. La entidad indicó que esta decisión habría generado un beneficio injustificado al contratista seleccionado. Los investigadores recogieron documentos, testimonios y soportes presupuestales que apuntan a una apropiación irregular de recursos destinados a infraestructura básica para la comunidad.

Una fiscal delegada ante la Corte Suprema le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros agravado. Díaz Burbano no aceptó los cargos y seguirá vinculado al proceso mientras avanzan las verificaciones y se revisan los soportes contables y administrativos.

La investigación busca establecer el posible impacto fiscal y determinar si existieron responsables adicionales dentro del proceso contractual. El caso continuará en etapa penal mientras la Fiscalía realiza nuevas diligencias.

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