Gobierno alerta 104 municipios en riesgo electoral por presencia de grupos armados y disputas territoriales

Colombia enfrenta una nueva alerta en materia de orden público de cara a las elecciones presidenciales de 2026. Según el más reciente balance del Gobierno, 104 municipios del país presentan alto riesgo electoral debido a la presencia de grupos armados ilegales, cultivos ilícitos, control territorial y amenazas contra candidatos y votantes.

La situación fue analizada en la Casa de La Giralda, donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Armando Benedetti, encabezaron una reunión con altos mandos de la Fuerza Pública. Durante el encuentro se definieron estrategias para reforzar la seguridad en las regiones más afectadas.

“Me refiero específicamente al Catatumbo, en Norte de Santander; a López de Micay y El Plateado, en Cauca; a Nariño, Chocó y el sur del Valle del Cauca. Son 104 municipios en todo el país”, indicó Benedetti.

Como parte de las medidas, el Gobierno anunció el despliegue de más de 20.000 uniformados para garantizar unas elecciones libres y seguras. Los operativos harán parte del Plan Democracia, iniciativa que busca blindar los comicios frente a amenazas armadas e intentos de coacción política.

Catatumbo y Cauca: epicentros del riesgo electoral

El Catatumbo, en Norte de Santander, continúa siendo una de las regiones más críticas. Allí confluyen guerrillas, disidencias de las FARC y bandas criminales, además de extensos cultivos de coca —unas 55.000 hectáreas, el segundo registro más alto del país—. El Gobierno ha prometido reducir esa cifra mediante programas de sustitución voluntaria, incentivos económicos y obras de infraestructura, aunque la desconfianza de las comunidades persiste.

“Ya nos prometieron programas de sustitución antes y nunca cumplieron”, advirtió un líder campesino citado por El País.

A más de 700 kilómetros, en el corregimiento de El Plateado, en el departamento del Cauca, las disidencias de las FARC sostienen enfrentamientos constantes con la Fuerza Pública. En ese territorio, 29 uniformados fueron retenidos a comienzos de año, hecho que evidenció el vacío de autoridad estatal.

El Cañón del Micay, en el vecino municipio de López de Micay, también vive una crisis humanitaria por desplazamientos y confinamientos de comunidades indígenas y afrodescendientes. Allí, el conflicto se alimenta de la minería ilegal y el narcotráfico, actividades que se intensifican en tiempos electorales, cuando los grupos armados buscan imponer su control mediante la intimidación de votantes y líderes sociales.

Ante este panorama, el Ejecutivo insistió en que el reto no solo es militar, sino también social y económico, y que la estabilidad de los comicios dependerá de la capacidad del Estado para recuperar la presencia institucional en los territorios históricamente olvidados.

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