Fiscalía propone reforma a Justicia y Paz

La Fiscalía General de la Nación radicará en los próximos días un ambicioso proyecto de ley que busca reformar de fondo la Ley 975 de 2005, también conocida como Ley de Justicia y Paz. Este paquete legislativo persigue mejorar la efectividad del sistema transicional, que actualmente mantiene unos 3.000 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en espera de una sentencia definitiva.

El documento, firmado por la fiscal general Luz Adriana Camargo y conocido por El Espectador, reconoce demoras institucionales persistentes. Además de falta de resoluciones, alrededor de 680 bienes identificados para reparación a víctimas aún están pendientes de extinción de dominio.

Entre los cambios estructurales, destaca la eliminación de la audiencia de imputación. En su lugar, se propone un mecanismo de formulación de cargos por escrito, seguido de una audiencia única concentrada. Este nuevo proceso busca agilizar el trámite y facilitar la transición directa hacia el fallo.

Otro de los artículos centrales —el 18A— introduce la posibilidad de sustituir la prisión preventiva por libertad vigilada para postulados de Justicia y Paz. ¿Qué requisitos? Deben haber cumplido al menos ocho años de detención, haber aportado de forma significativa a la verdad, entregado bienes, exhibido buena conducta y no haberse reincidido. Pasados cuatro años de esta suspensión, tendrían una garantía de no ser revocados por cuestiones menores, siempre que cuenten con un concepto positivo de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN).

En materia de extinción de dominio, se plantea que los bienes ofrecidos o identificados para la reparación puedan declararse separados e incluso anticipados, siempre que hayan pasado seis meses de medidas cautelares. También se introduce la figura de un incidente de oposición para terceros de buena fe, la cual no paraliza los procesos principales, y se faculta a los jueces para ordenar desalojos si es necesario recuperar los activos.

Esta propuesta llega justo después de que el Ministerio de Justicia presentara ante el Congreso un texto relacionado con un nuevo sistema de sometimiento orientado a la denominada “paz total”, pero que busca una justicia transicional más amplia, incluyendo miembros de las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo, agentes del Estado y civiles colaboradores.

Sin embargo, estos proyectos llegan a un recinto legislativo complejo: se introducen durante la última legislatura del actual Congreso, marcado por divisiones partidistas, desgaste político del gobierno y resistencia creciente frente a iniciativas vinculadas con la paz total.

Impacto esperado:

• Para las víctimas, una justicia más rápida y efectiva, con un mayor número de sentencias y la recuperación de bienes derivados del conflicto.
  
• Para los postulados, un camino definido hacia la reintegración con condiciones más seguras desde el punto de vista jurídico.
  
• Para el Estado, un sistema transicional más fluido que podría reducir la congestión judicial y avanzar en la reparación integral.
  

En los próximos meses, este proyecto será debatido en comisiones del Congreso, escenario donde distintas bancadas evaluarán su alcance y su compatibilidad con los objetivos de paz y justicia del país, en medio de un ambiente político complicado.