Fiscalía imputará cargos al exministro Ricardo Bonilla por caso en la UNGRD: esto debe saber

La Fiscalía General de la Nación radicará este miércoles 26 de noviembre la solicitud formal de imputación de cargos contra Ricardo Bonilla por su presunta participación en la trama de corrupción que rodea a la UNGRD. Los delitos que se le atribuyen son tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos.

¿Qué investiga la Fiscalía?

El caso se origina en contratos por cerca de 92.000 millones de pesos que habrían sido direccionados hacia terceros, supuestamente con el fin de influir en decisiones legislativas clave. Según la investigación, Bonilla —quien fue ministro de Hacienda— habría intervenido en la adjudicación irregular de esos contratos, favoreciendo proyectos en municipios como Cotorra (Córdoba), Carmen de Bolívar (Bolívar) y Saravena (Arauca).

La imputación se apoya en pruebas recogidas luego de que una exasesora de Bonilla, María Alejandra Benavides, aceptara un principio de oportunidad y colaborara con la justicia, entregando testimonio sobre cómo supuestamente se estructuró la red de contratos.

Por ahora, la Fiscalía no ha solicitado medida de aseguramiento en su contra, aunque no descarta que en el desarrollo del proceso lo evalúe dependiendo del avance de las pruebas.

El escándalo UNGRD detrás de la acusación

La UNGRD, la entidad encargada de la gestión del riesgo de desastres en Colombia, se convirtió en el epicentro de un macroproceso de corrupción cuando se descubrieron irregularidades en contratos para atender emergencias. Entre los involucrados figuran exfuncionarios del gobierno, congresistas y contratistas.

La imputación a Bonilla representa un nuevo capítulo clave del escándalo, al señalar directamente a un exministro de Hacienda como presunto responsable de manipular recursos públicos para beneficio político.

¿Qué sigue?

La audiencia de imputación se espera para los próximos días ante el Tribunal Superior de Bogotá, dado que Bonilla conserva fuero por haber sido ministro.

Mientras tanto, su defensa ha manifestado plena disposición para comparecer a lo que sea requerido.

Este nuevo desarrollo profundiza la crisis institucional en torno a la UNGRD y pone en el centro del debate la responsabilidad de altos funcionarios en la asignación de contratos públicos. La decisión de la Fiscalía podría reavivar la preocupación ciudadana sobre corrupción, transparencia y el uso de recursos destinados a emergencias.

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