Fiscalía acusa a Peñate por ‘chuzadas’ ilegales en el gobierno Uribe

La Fiscalía General de la Nación ha formalizado una acusación contra Andrés Peñate, exdirector del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), por su presunta implicación en una red de interceptaciones ilegales y seguimientos a opositores, periodistas y magistrados durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. El ente investigador ha calificado a Peñate como parte de una «organización criminal» que operó entre 2005 y 2008, cuando él estuvo al mando de esta entidad de inteligencia, en colaboración con otros altos funcionarios del gobierno.

De acuerdo con la Fiscalía, este entramado ilegal de interceptaciones comenzó poco después de la toma de posesión de Peñate como director del DAS el 26 de octubre de 2005. Durante su gestión, se coordinó un plan sistemático de seguimientos y chuzadas a figuras políticas y periodistas críticos del gobierno de Uribe. Peñate trabajó de manera estrecha con María del Pilar Hurtado, quien fue subdirectora del DAS bajo su mandato y luego asumió la dirección de la entidad. El fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia explicó que las acciones ilegales continuaron incluso después de la salida de Peñate, bajo la administración de Hurtado, hasta octubre de 2008.

El escándalo de las interceptaciones ilegales afectó a una variedad de figuras del ámbito político y judicial, incluyendo la exsenadora Piedad Córdoba, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y periodistas de investigación. Según las investigaciones, Peñate y su equipo no solo realizaban escuchas telefónicas, sino que también llevaban a cabo seguimientos físicos mediante agentes encubiertos, algunos de los cuales, como Alba Luz Flórez, conocida como «La Mata Hari», fueron especialmente entrenados para este tipo de tareas.

Las pruebas recabadas por la Fiscalía sugieren que la información obtenida de estas interceptaciones fue entregada al exdirector del DAPRE, Bernardo Moreno, quien también ha sido condenado por su papel en este escándalo. Los informes fueron transmitidos a través de un sistema de «valija», una metodología clandestina para asegurar que solo ciertas personas tuvieran acceso a los documentos sensibles.

Este caso es uno de los episodios más oscuros de las políticas de seguridad durante el gobierno de Uribe, y la acusación contra Peñate se suma a una larga lista de imputaciones relacionadas con violaciones a los derechos humanos y el uso indebido de los aparatos de inteligencia estatal. La Fiscalía continúa su trabajo para esclarecer todos los aspectos de esta red de corrupción y poner a los responsables ante la justicia.