Fiscalía abre indagación contra ministro Armando Benedetti: esta es la razón
La Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, para investigar un supuesto “trueque” de bienes con el empresario de entretenimiento Ricardo Leyva.
¿Qué está bajo escrutinio?
El intercambio que examina la Fiscalía involucra un contrato de leasing habitacional con Colpatria por una vivienda de alto valor que pertenecía a Leyva.
Se investiga también el origen de los recursos del ministro, considerando su nivel de vida y algunas propiedades de lujo que mantiene.
La esposa de Benedetti, Adelina Guerrero, admitió públicamente que la casa en la que vive no es propiedad del ministro, sino de Leyva, y describió su uso como “un intercambio”.
Además de la vivienda, se examinan contratos recientes adjudicados a Leyva por entidades estatales. Por ejemplo, su empresa recibió de RTVC un contrato por casi 7.968 millones de pesos para organizar un evento cultural durante la Cumbre de la CELAC, lo cual ha generado cuestionamientos por posible favoritismo.
Este caso no es aislado: Benedetti ya está involucrado en otras investigaciones. Se le ha denunciado por presunto tráfico de influencias en contratos con la DIAN.
Además, existen tensiones políticas y judiciales: hace poco, el fiscal Gabriel Jaimes confirmó reuniones con él, en medio de un audio polémico que apuntaba a que Benedetti habría recibido “luz verde” para su nombramiento en el gobierno.
Aunque por ahora no hay imputación de cargos, la apertura de la indagación implica que la Fiscalía encontró méritos para iniciar revisión formal. De avanzar, el caso podría derivar en investigaciones fiscales, disciplinarias o incluso penales.
Al cierre, este nuevo capítulo profundiza el ruido alrededor del ministro, quien se mueve entre denuncias cruzadas, tensiones con la Fiscalía y decisiones judiciales que aumentan la presión política sobre el Gobierno.
El proceso apenas comienza, y las próximas semanas serán decisivas para determinar si se trata de un simple malentendido contractual o de un entramado más amplio que compromete la transparencia en la relación entre funcionario y empresario.
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