Fiebre amarilla: ¿emergencia sanitaria o alarma innecesaria?

El presidente Gustavo Petro anunció en la noche del 15 de abril que decretará la emergencia sanitaria y posteriormente la emergencia económica para enfrentar el brote de fiebre amarilla que afecta principalmente al departamento del Tolima. 

Petro explicó que el virus es transmitido por el mosquito hembra Aedes aegypti, y Aunque ya existe una vacuna eficaz, la crisis climática ha hecho que el insecto colonice zonas montañosas que antes estaban fuera de su alcance, como Bogotá. El mandatario subrayó que esta situación requiere una rápida reacción del Estado para proteger la vida, y que la declaratoria de emergencia permitirá agilizar recursos y procesos sin trabas burocráticas.

Críticas por parte de expertos

Sin embargo, especialistas en salud pública han puesto en duda la pertinencia de algunas afirmaciones del presidente. El epidemiólogo Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública, aclaró que “Bogotá no es zona endémica. Los casos detectados no generan contagios secundarios. El brote debe controlarse en los territorios donde sí circula el virus. Y les quedó grande”, escribió en su cuenta de X.

Por su parte, el médico ambientalista Camilo Prieto explicó que “la fiebre amarilla se controla mediante esquemas de vacunación en zonas de transmisión endémica. Bogotá no se encuentra dentro de esas zonas. No existe evidencia científica que sustente la presencia estable de Aedes aegypti a la altitud de 2.640 metros sobre el nivel del mar”.

Las críticas también apuntan a que el gobierno podría estar utilizando la emergencia como una excusa para otras medidas fiscales, como la propuesta del Ministerio de Hacienda de anticipar el recaudo de impuestos de 2026. La oposición y algunos gremios económicos, como Fenalco, han puesto en duda la necesidad de una declaratoria de este tipo, mientras sectores médicos insisten en que la vacunación focalizada y la prevención en zonas de riesgo deberían ser las prioridades reales.

Aunque la fiebre amarilla es prevenible con una sola dosis de vacuna, la declaración de emergencia sanitaria y económica ha despertado preocupaciones sobre su uso político y los riesgos de opacidad en el manejo de recursos. Expertos coinciden en que se requiere una acción focalizada y basada en la evidencia científica para evitar alarmas innecesarias y priorizar realmente la salud pública.

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