Exgobernador de Chocó, Ariel Palacios, salpicado con presunta corrupción en pandemia

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al exgobernador de Chocó, Ariel Palacios Calderón, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato durante la pandemia del Covid-19. Según la investigación, el exmandatario habría incurrido en anomalías al suscribir el Contrato 01 del 26 de marzo de 2020, cuyo valor ascendía a 445 millones de pesos y tenía como fin entregar 800 kits de ayuda humanitaria a comunidades víctimas del conflicto armado.

El proceso se realizó en el marco de la emergencia social y económica declarada por el Gobierno Nacional a causa de la pandemia, pero, de acuerdo con la Fiscalía, el contrato no cumplió con los requisitos legales exigidos. La entidad también reveló que el contrato fue adjudicado a una distribuidora y comercializadora de alimentos perteneciente a una persona que aportó dinero a la campaña política de Palacios Calderón durante su aspiración a la Gobernación de Chocó.

Esto podría configurar un conflicto de interés y un presunto favorecimiento a un particular con vínculos políticos, lo que agrava la situación jurídica del exgobernador. Una Fiscal Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputó a Palacios Calderón el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, conducta que no fue aceptada por el procesado. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian un presunto uso indebido de los recursos destinados a atender a la población más vulnerable durante la emergencia sanitaria.

Contexto político y antecedente

Ariel Palacios, quien fue gobernador de Chocó entre 2020 y 2023, ya había sido objeto de cuestionamientos por la ejecución de contratos de emergencia durante la pandemia, varios de los cuales fueron objeto de observaciones de los entes de control. El caso se enmarca en una serie de investigaciones que la Fiscalía adelanta en distintos departamentos del país sobre presuntas irregularidades en la contratación de ayudas humanitarias durante la crisis sanitaria.

El proceso continuará ante la Corte Suprema de Justicia, dado el fuero del exgobernador.
Por ahora, la Fiscalía mantiene las indagaciones abiertas para determinar si existieron otros funcionarios o contratistas involucrados en la adjudicación irregular y si hubo un eventual desvío de recursos públicos.

Con esta imputación, el Ministerio Público y la Fiscalía intensifican su seguimiento a los casos de corrupción en contratación de emergencia, en los que presuntamente se usaron fondos de atención humanitaria con fines políticos o personales.