Exgobernador condenado por robar al Estado

La Corte Suprema de Justicia condenó al exgobernador encargado del Chocó, David Emilio Mosquera Valencia, por cometer delitos contra el patrimonio del Estado. El alto tribunal lo halló responsable de peculado por apropiación a favor de terceros, agravado por la cuantía, al haber autorizado pagos millonarios sin sustento legal ni competencia para hacerlo.

La decisión judicial establece que Mosquera usó su cargo para firmar dos resoluciones en 2002 —la 0715 y la 2003— mediante las cuales se ordenaron pagos a 50 personas vinculadas al desaparecido Fondo Educativo Regional (FER) del Chocó. Sin embargo, varias de estas personas no tenían ningún tipo de relación contractual con la Gobernación, lo que viola los requisitos establecidos para el reconocimiento de obligaciones laborales o pensionales.

Las investigaciones demostraron que dichos pagos, que superaron los 2.208 millones de pesos, se realizaron entre 2008 y 2009 por medio de la abogada Jhonny Emilia Moreno Mena, quien tramitó las solicitudes ante un juzgado laboral en Quibdó. A pesar del fallo judicial que ordenaba los pagos, el tribunal determinó que Mosquera actuó fuera de su competencia, pues, como gobernador encargado, solo podía intervenir en casos urgentes y no tenía facultades para ordenar pagos de esa naturaleza.

Además, se detectaron irregularidades en las resoluciones firmadas por Mosquera, incluyendo errores en los datos de los supuestos beneficiarios y la falta de certificados de disponibilidad presupuestal, un documento obligatorio para autorizar pagos con recursos públicos. En al menos un caso, el dinero fue transferido a una persona que jamás tuvo vínculo laboral con la Gobernación.

Mosquera deberá cumplir una condena de siete años y medio de prisión, pagar una multa equivalente al monto desviado, y queda inhabilitado para ejercer funciones públicas durante ese mismo período. También se le impuso una sanción perpetua para contratar con el Estado.

Este caso se suma a una serie de investigaciones por corrupción que han afectado a exfuncionarios en distintas regiones del país, y que continúan siendo prioridad para la justicia colombiana.