Exfuncionaria de Supersalud condenada por millonario soborno

Un juez de conocimiento de Bogotá condenó a Eva Katherine Carrascal Cantillo, exsuperintendente delegada para la Supervisión Institucional de la Supersalud, a 3 años y 2 meses de prisión domiciliaria por haber solicitado sobornos a la EPS Asmet Salud en 2017, según confirmó la Fiscalía.

La exfuncionaria admitió haber exigido un total de 300 millones de pesos, pagados en dos entregas (50 millones en diciembre de ese año y 250 millones en enero de 2018), a cambio de autorizar e impulsar un plan de reorganización financiera para la EPS, en estado crítico. Este preacuerdo también incluyó la devolución del dinero, parte del cual ya habría sido restituido.

En paralelo, Carrascal enfrenta una segunda condena del año 2022 por recibir coimas de más de 700 millones de pesos para beneficiar a varias EPS e IPS mediante asesorías, información privilegiada y agilización de pagos. Estas acciones le valieron una condena de 6 años y 8 meses de prisión, una multa cercana a 795 millones y la inhabilitación vitalicia para ejercer cargos públicos.

Según la Fiscalía, Carrascal se valió de su posición para anticipar requisitos de inspecciones, facilitar restructuración administrativa, usar información confidencial y acelerar trámites de pago a entidades públicas y privadas.

La condenada, madre cabeza de familia, cumplirá su pena bajo casa por cárcel, además de pagar una multa también equivalente a 40 salarios mínimos de 2018. La sentencia establece que debe reintegrar alrededor de 433 millones de pesos, correspondientes a las cifras recibidas ilícitamente 

Este caso de corrupción se enmarca en una larga serie de escándalos dentro del sistema de salud. Solo en Asmet Salud, intervenida por reiteradas fallas en atención, se adeudaban casi 954 mil millones de pesos a proveedores hasta mayo de 2023 .

La caída de Carrascal refleja las inconsistencias éticas y administrativas que persisten en la Superintendencia y pone en evidencia los riesgos de permitir que altos funcionarios tengan acceso privilegiado a decisiones críticas sobre entidades públicas. Además, este episodio alimenta preocupaciones sobre vigilancia institucional y posibilidad de protección política dentro del organismo político-regulatorio.

En los círculos institucionales se espera que esta sentencia genere un llamado de atención para reforzar controles internos, asegurar transparencia en la supervisión del sistema de salud y prevenir nuevos casos de cohecho o corrupción estructural.