Escándalo UNGRD: Amenazas y acusaciones sacuden a políticos

En las últimas horas, dos figuras políticas vinculadas al escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han hecho públicas denuncias que involucran amenazas y acusaciones en su contra, lo que ha generado un nuevo giro en este polémico caso.

Sandra Ortiz, exconsejera Presidencial para las Regiones, quien enfrenta cargos por tráfico de influencias y lavado de activos, ha denunciado amenazas contra su vida y la de su familia. Según la información que ha circulado, Ortiz, que se encuentra detenida en la Escuela de Carabineros de Bogotá, recibió un mensaje intimidatorio durante una visita a la prisión, además de un sufragio que se le envió como una clara amenaza. La exfuncionaria ha señalado que estas acciones buscan presionarla en medio del proceso judicial que enfrenta, asegurando que las amenazas incluyen también a familiares cercanos.

Ortiz, quien fue nombrada por el presidente Gustavo Petro en mayo de 2023, fue vinculada al caso de corrupción dentro de la UNGRD luego de que el exsubdirector de la entidad, Sneyder Pinilla, la mencionara en un presunto esquema de sobornos. La denuncia de Ortiz también involucra a Laura Sarabia, actual canciller, a quien ha señalado de estar detrás de un complot para desacreditarla. En este contexto, la exconsejera ha decidido acudir a la Fiscalía General de la Nación para informar sobre las amenazas que ha recibido.

Por otro lado, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, también ha sido salpicada por el mismo escándalo de la UNGRD. Peralta, quien preside la Comisión Séptima de Senado, fue acusada por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, de intentar favorecer a contratistas en La Guajira, lo que la vinculó a actos irregulares dentro de la entidad. La congresista, sin embargo, ha rechazado rotundamente estos señalamientos y ha afirmado ser víctima de una persecución política, relacionada con su lucha por reformas clave, como la pensional y laboral.

Peralta ha emitido un comunicado en el que asegura que demostrará su inocencia ante la Corte Suprema de Justicia. La senadora argumentó que la acusación forma parte de una campaña de desprestigio en su contra, debido a su creciente liderazgo en la aprobación de reformas que desafían intereses poderosos en el país. Además, destacó que esta persecución podría estar vinculada al periodo electoral que se avecina, pues las elecciones de 2026 están cada vez más cerca.

Ambas situaciones ponen de manifiesto la tensión y las presiones que enfrentan las figuras políticas involucradas en el escándalo de la UNGRD, mientras el caso continúa desarrollándose y acapara la atención de la opinión pública y las autoridades judiciales.