Sanitas advierte deterioro patrimonial de $17 billones tras la intervención estatal

Durante el debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado, Juan Pablo Rueda Sánchez, presidente global de salud del Grupo Keralty (principal accionista de la EPS Sanitas), reveló detalles preliminares de una auditoría forense que señala un deterioro patrimonial de 1,7 billones de pesos durante el periodo en que la EPS estuvo intervenida.

La intervención, que había sido ordenada por la Superintendencia de Salud desde el 2 de abril de 2024, fue anulada recientemente por la Corte Constitucional mediante la Sentencia SU-277 de 2025. 

Hallazgos de la auditoría

• Durante los 17 meses de intervención, Sanitas habría registrado pérdidas acumuladas de 1,7 billones de pesos.
  
• Las glosas (reparos a facturas de servicios de salud) se habrían triplicado frente a su comportamiento habitual, y existiría un componente adicional cercano al billón de pesos por este concepto.
  
• Se detectaron inequidades en los pagos: a ciertos prestadores se les giraba en 30 días, mientras que a otros les tomaban hasta 120 días para recibir el pago.
  
• Las quejas ante la EPS aumentaron más del 40 %, y los procesos de tutela y desacato se habrían duplicado durante el período de intervención.
  
• Además, se registró un flujo significativo de usuarios hacia Sanitas, especialmente pacientes con cáncer (crecimiento del 23 %) y enfermedades huérfanas.

Sanitas argumenta que la intervención generó un agravio financiero grave a la entidad, y que las pérdidas han sido aceleradas por medidas adoptadas por los interventores.

Por su parte, el debate parlamentario sobre la reforma a la salud toma este caso como ejemplo para advertir los riesgos de intervenciones estatales sin una estrategia clara de transición que garantice la continuidad operativa de las EPS y proteja los derechos de los afiliados.

El panorama general invita a preguntas clave:

• ¿Quién responde por los daños patrimoniales generados durante una intervención que luego fue anulada?
  
• ¿Cómo se asegura que los usuarios no sean los afectados directos por la inestabilidad institucional?
  
• Y más aún, ¿qué lecciones queda para futuras intervenciones al sector salud?

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