El Gobierno exige que contratistas apoyen la consulta popular

En lo que parece ser el inicio no oficial de la campaña por la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, varios viceministros y altos funcionarios del Ejecutivo han comenzado a citar a reuniones internas en las que se exige a empleados públicos y contratistas sumarse activamente a la causa. Según reveló la periodista Darcy Quinn, el mensaje ha sido claro: o se ponen “la camiseta de la consulta”, o se van.

Estas directrices no sólo contemplan la participación en la pedagogía y divulgación de la consulta, sino que también incluyen una obligación de asistir a la marcha programada para este primero de mayo. De acuerdo con las fuentes, se trata de un esfuerzo coordinado desde distintos ministerios y entidades gubernamentales, que busca movilizar al aparato estatal en defensa del legado de la actual administración.

En el interior de las reuniones se habla de un “plan a 12 años”, en el que el gobierno de Petro se concibe como una transición hacia un modelo más radical que implementaría a fondo las reformas propuestas. Este discurso ha sido utilizado para justificar la necesidad de asegurar el éxito de la consulta como piedra angular del proyecto político del petrismo.

Plan para el día del trabajo

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también ha hecho su parte en esta estrategia. En los últimos días ha solicitado expresamente el respaldo de entidades como Fedemunicipios, Fededepartamentos y Asocapitales para que se unan a la movilización del Día del Trabajo, donde se espera la participación de sindicatos, comunidades indígenas, trabajadores estatales y otros movimientos sociales afines al Gobierno.

Este hecho marca una línea preocupante entre lo institucional y lo político-electoral. Obligar a funcionarios públicos a respaldar una consulta implica instrumentalizar el aparato estatal, afectando principios democráticos como la neutralidad, el mérito y la autonomía en la función pública. Además, la presión directa sobre empleados y contratistas representa una forma de coerción incompatible con un Estado de derecho.

Al condicionar la permanencia en el cargo al respaldo político de una consulta, el Gobierno corre el riesgo de debilitar la legitimidad de su iniciativa y generar tensiones éticas profundas. Esta estrategia puede terminar erosionando la credibilidad institucional, reforzando la percepción de que el Ejecutivo está más interesado en consolidar un bloque de poder ideológico que en gobernar con pluralismo y garantías para todos los sectores del país.

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