El costo oculto de la emergencia en La Guajira: más de $22 mil millones en presunto detrimento por compra de carrotanques

La Contraloría encontró sobrecostos, fallas en la ejecución y pagos por servicios no prestados en dos procesos clave para llevar agua al departamento.

La crisis de acceso al agua en La Guajira ha requerido durante años acciones urgentes del Estado, especialmente tras la Sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional, que declaró un estado de cosas inconstitucional y exigió medidas inmediatas para garantizar los derechos del pueblo Wayúu.

Sin embargo, recientes hallazgos de la Contraloría General de la República revelan que parte de estas iniciativas se ejecutaron de manera ineficiente, costosa y con presuntas irregularidades que comprometen recursos públicos esenciales. La entidad imputó responsabilidad fiscal por más de $22 mil millones en dos procesos relacionados con la compra de 80 carrotanques destinados al suministro de agua potable en el departamento.

Las decisiones afectan tanto a proveedores como a exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), quienes tenían a su cargo la contratación y supervisión de los vehículos.

Dos procesos, un mismo problema: sobrecostos y gestión ineficiente

El primer proceso fiscal, por $9.573 millones, señala a la empresa Impoamericana Roger S.A.S., acusada de sobrestimar los costos de 40 carrotanques y de no cumplir con las obligaciones contratadas. Según la Contraloría, los vehículos fueron entregados con retrasos significativos y sin soportes de varias prestaciones pagadas por anticipado.

A estos hallazgos se suman presuntas responsabilidades de Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector del FNGRD, y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, exsubdirector para el Manejo de Desastres, ambos imputados a título de dolo.

En el segundo proceso, la entidad imputó $12.579 millones a la Corporación Mixta Yapurutú, proveedora de otros 40 carrotanques contratados por $29.000 millones. La investigación concluyó que hubo sobreprecios frente a valores de mercado, pagos por mantenimientos que nunca se realizaron y costos adicionales derivados de fallas en la planeación y ejecución del proyecto.

También fueron incluidos los mencionados exfuncionarios de la UNGRD, esta vez a título de culpa grave. Aunque el actual director de la Unidad, Carlos Alberto Carrillo, fue inicialmente vinculado, la Contraloría archivó la actuación a su favor tras comprobar que los carrotanques se encuentran hoy operativos y prestando el servicio en territorio.

Un espejo de los riesgos estructurales en la gestión del riesgo

Los hallazgos ponen sobre la mesa una problemática de fondo: la necesidad de fortalecer los mecanismos de contratación, supervisión y control en proyectos urgentes destinados a comunidades vulnerables. En un territorio donde el acceso al agua define la vida cotidiana, los errores administrativos no solo representan un daño fiscal, sino un impacto directo sobre las familias que dependen de la respuesta estatal.

Mientras avanzan los procesos de responsabilidad fiscal, el caso de los carrotanques vuelve a evidenciar una realidad incómoda: la efectividad de la ayuda humanitaria no solo depende de los recursos asignados, sino de la integridad y eficiencia con la que se ejecutan.