El asesinato de Luis Alberto Peña sacude al Cauca y pone en jaque la seguridad de los líderes sociales

El asesinato del líder campesino y militante del Pacto Histórico, Luis Alberto Peña, ocurrido el 1 de mayo en Miranda, Cauca, ha despertado una fuerte ola de indignación en el país. 

El crimen ocurrió mientras Peña, reconocido defensor de derechos humanos y guardia campesino, hacía perifoneo para convocar a las marchas del Día Internacional del Trabajo.

El presidente Gustavo Petro, durante su discurso en la Plaza de Bolívar, pidió un minuto de silencio por Peña, señalando que su asesinato estaba relacionado con las actividades de promoción de la consulta popular impulsada por el Gobierno. 

Sin embargo, líderes sociales de la región destacan que su labor iba mucho más allá, incomodando a actores armados ilegales por su trabajo en defensa de las reservas campesinas, la sustitución de cultivos ilícitos y la protección de tierras baldías.

Cauca, epicentro de la violencia contra líderes sociales

La Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano responsabilizó al Estado y a las autoridades locales por la falta de protección frente al avance de los grupos armados en el Cauca. Según la reconstrucción de los hechos, Peña fue atacado a tiros por dos sicarios mientras se movilizaba en moto por el barrio Libertadores.

Peña era miembro activo de la Asociación Pro constitución Zona de Reserva Campesina de Miranda, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Unión Patriótica. La Policía investiga los móviles del crimen y revisa cámaras de seguridad para dar con los responsables.

El Cauca es hoy uno de los departamentos más críticos en términos de seguridad: Indepaz reporta 55 líderes sociales asesinados en lo que va del año, 13 de ellos en este departamento. La zona, disputada por disidencias de las FARC y el ELN, vive un contexto de creciente violencia, donde los líderes comunitarios suelen ser blanco de amenazas y homicidios.

El alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, pidió celeridad en la investigación, mientras que familiares de Peña aseguran que no había recibido amenazas directas. Sin embargo, el crimen revela el alto costo que siguen pagando quienes defienden los derechos de las comunidades rurales en Colombia.

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