La posible intervención de EE. UU. en Venezuela: un escenario de alto costo para Colombia

La tensión en el Caribe aumentó con la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado del grupo anfibio Iwo Jima y una unidad expedicionaria de infantería de marina. Con este despliegue, un eventual ataque de Estados Unidos a Venezuela parece depender únicamente de una orden del presidente Donald Trump, pese a no contar con el respaldo del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras la administración estadounidense avanza en la fase denominada “Lanza del Sur”, surgen serias preguntas para Colombia:

¿Qué implicaciones tendría para el país una intervención militar en territorio venezolano?

¿Tiene sustento legal un ataque?

De acuerdo con el Derecho Internacional, una intervención militar solo es legítima cuando existe:

• un mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, o

• un caso claro de autodefensa frente a un ataque armado inminente.

Ninguna de estas condiciones se cumple.

Angélica Jiménez, directora del programa de Comercio y Negocios Internacionales de la Universidad Simón Bolívar, sostiene que los argumentos que ha planteado EE. UU.—crisis humanitaria, narcotráfico, narcoterrorismo o la doctrina de Responsabilidad de Proteger (R2P)—no dan base legal suficiente para una intervención.

Además, recordó que la R2P es un compromiso político, no una licencia automática para usar la fuerza sin aprobación del Consejo de Seguridad.

El dilema de Colombia: ¿qué postura asumir?

Para Jiménez, una intervención unilateral de EE. UU. estaría en grave tensión con el derecho internacional.

Esto coloca a Colombia, y en particular al Gobierno Petro, en una posición extremadamente delicada:

Si Colombia apoya la intervención

• Violenta los principios de la ONU y el principio de no intervención.

• Podría ser vista como “coautora” de una violación al Derecho Internacional.

• Perdería autoridad moral en escenarios multilaterales.

• Enfrentaría críticas de organismos como Celac, Unasur y países con los que mantiene relaciones estratégicas como Rusia, China o miembros de la Unión Europea.

• Sería vista como un aliado incondicional de EE. UU., reduciendo su margen diplomático.

Si Colombia rechaza la intervención

• Aumentarían las tensiones con la administración Trump.

• Podrían presentarse castigos en cooperación, comercio y seguridad.

• Sectores ilegales en Colombia podrían convertirse en objetivo directo de fuerzas extranjeras, especialmente grupos catalogados como terroristas por EE. UU.

• Se profundizaría la polarización interna y la erosión de la legitimidad del presidente.

Eduardo Palencia, director de Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Simón Bolívar, advirtió que apoyar o rechazar a EE. UU. generaría una nueva ola de tensión entre poderes, protestas y un posible desgaste institucional.

Impactos en migración: una crisis ampliada

Un ataque podría detonar una nueva ola de migración masiva hacia Colombia, no solo de venezolanos, sino también de colombianos radicados en ese país.

Esto pondría presión adicional sobre los sistemas de:

• salud,

• educación,

• empleo,

• seguridad,

especialmente en zonas como Norte de Santander, La Guajira, Arauca y Bogotá.

Consecuencias económicas: un riesgo para la relación comercial clave

Roberto Morales, economista de la Universidad Libre, advierte que el panorama económico sería crítico:

• Cerca del 80 % de las exportaciones colombianas van hacia EE. UU.

• Un deterioro de relaciones podría afectar sectores clave debido a aranceles o restricciones.

• La desaceleración económica sería inmediata.

• Regiones fronterizas productoras de palma, agricultura y minería serían las más afectadas.

• Además, Colombia depende actualmente del gas venezolano, por lo que una intervención pondría en riesgo el suministro.

Un callejón sin salida para Colombia

El potencial ataque deja al país en un escenario donde cualquier decisión tiene un alto costo.

Ni apoyar ni rechazar a EE. UU. es un camino libre de repercusiones sociales, políticas o económicas.

El mejor escenario, según los expertos, sería una transición negociada en Venezuela que permita un cambio político sin intervención militar. Sin embargo, si esta no ocurre, tanto el Gobierno Petro como la próxima administración deberán enfrentar una decisión difícil, de enorme impacto y consecuencias a largo plazo.

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