Dos clínicas de Medellín deciden suspender los servicios a los afiliados de la Nueva EPS

La crisis del sistema de salud colombiano continúa profundizándose. Esta vez, el epicentro del problema se traslada a Medellín, donde dos reconocidas clínicas han tomado la decisión de suspender sus servicios a los afiliados de la Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país y que actualmente se encuentra bajo intervención del Gobierno Nacional.

Se trata de la Clínica Bolivariana, adscrita a la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), y la Clínica El Prado, del Grupo Quirón. Ambas instituciones anunciaron en los últimos días que cesarán cualquier tipo de relación comercial con la EPS debido a las abultadas deudas acumuladas, lo que pone en jaque la atención de más de 275.000 usuarios afiliados a esta entidad en el departamento de Antioquia.

La primera en alzar la voz fue la Clínica Bolivariana. A través de una carta dirigida al interventor de la Nueva EPS, Bernardo Camacho, el rector de la UPB, padre Diego Marulanda, manifestó que la deuda con la clínica creció de manera alarmante: pasó de 19.589 millones de pesos en 2024 a más de 43.663 millones en lo que va corrido de este año, con corte al 28 de febrero. Esta situación —expresó Marulanda en el documento— compromete gravemente la liquidez y estabilidad financiera de la institución. Por ello, solicitó de manera formal la liquidación del contrato que los vinculaba.

Tan solo dos días después, la Clínica El Prado emitió un comunicado en términos similares, aclarando que no posee en la actualidad ningún contrato vigente con la Nueva EPS y, por lo tanto, se ve imposibilitada para seguir prestando servicios a sus afiliados. “Le informamos a los usuarios que la Clínica El Prado no tiene relación contractual vigente con la Nueva EPS, por lo que no podemos prestar servicios a sus afiliados”, indicó el centro médico.

Impacto directo en los pacientes

La medida adoptada por estas clínicas implica que miles de usuarios de la Nueva EPS perderán el acceso a servicios de salud ofrecidos por estas dos instituciones, especialmente consultas con especialistas, tratamientos y procedimientos programados. Aunque por ley ningún centro de salud en Colombia puede negarse a atender urgencias vitales, la cancelación de los servicios agudiza la incertidumbre entre los pacientes crónicos, mujeres gestantes y personas en tratamiento continuo.

Ante este panorama, la secretaria de Salud de Antioquia, Marta Ramírez, hizo un llamado urgente a los organismos de control para que se garantice la continuidad de la atención médica en el departamento. “La Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, las Personerías, tienen que empezar a hablar por las personas más afectadas, a hablar por los familiares de los pacientes que fallecen sin tener el acceso, y por eso es que estamos pidiendo esa concurrencia a esas instituciones para que nos ayuden a levantar la voz”, declaró la funcionaria en entrevista con Blu Radio.

Una crisis de mayores proporciones

Lo sucedido en Medellín no es un hecho aislado. La cartera acumulada por las EPS con hospitales y clínicas públicas y privadas en todo el país ha ido escalando de forma dramática. Según el más reciente informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC), publicado en noviembre de 2024, la deuda total del sistema de salud con las instituciones afiliadas al gremio —unas 225 en total, incluyendo entidades de alto nivel como el Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín y la Fundación Valle del Lili de Cali— superaba los 18,9 billones de pesos hasta junio del año pasado. Eso representa un incremento del 12,8 % en solo seis meses, es decir, un aumento de 2,1 billones de pesos desde diciembre de 2023.

“Estamos enfrentando una dificultad enorme por el crecimiento de la cartera en los últimos tiempos”, advirtió en su momento Mauricio Tamayo, presidente de San Vicente Fundación, una de las instituciones médicas más importantes del noroccidente colombiano.

Las decisiones de la Clínica Bolivariana y la Clínica El Prado podrían ser solo el comienzo de una reacción en cadena, en la medida en que más entidades de salud se ven ahogadas financieramente y sin respuesta por parte de las EPS intervenidas. Mientras tanto, miles de pacientes quedan atrapados en la incertidumbre, con sus tratamientos en pausa y la esperanza de ser atendidos cada vez más lejana.