Defensora del Pueblo alerta sobre crisis en salud por retrasos en medicamentos y servicios médicos
La Defensoría del Pueblo ha emitido una grave alerta sobre el empeoramiento del sistema de salud en Colombia, señalando un aumento del 75.7% en las quejas relacionadas con la prestación de servicios en los últimos dos años. Iris Marín, defensora del Pueblo, resaltó que los principales problemas siguen siendo los retrasos en la atención médica especializada, el acceso deficiente a servicios médicos esenciales y la escasez de medicamentos, que afectan principalmente a las regiones de Bolívar, Córdoba, Sucre, Vichada, Santander, Caldas, Valle y Nariño.
En una reciente carta enviada al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Marín advirtió que la situación podría empeorar aún más en los próximos meses, ya que las quejas han crecido aceleradamente desde 2023. La defensora precisó que entre enero y marzo de 2025, se recibieron 2.040 denuncias por retrasos en la atención, lo que representa un incremento considerable respecto al mismo período de 2022. Además, destacó que las quejas por la falta de disponibilidad de medicamentos aumentaron un 30% entre enero y febrero de 2025 en comparación con 2024, y un 67% frente a los dos años anteriores.
Marín también subrayó la preocupación por el cierre de más de 1.200 IPS privadas en 2024, especialmente en áreas como Bogotá, Cundinamarca, Norte de Santander, Valle y Atlántico. Esta situación ha causado una grave escasez de servicios médicos, afectando principalmente a los ciudadanos más vulnerables. A esto se suman las dificultades en el cumplimiento de las órdenes de tutela, con 452 tutelas y 141 desacatos registrados en Bogotá y Cundinamarca solo en los primeros meses del año.
La Defensoría ha propuesto la implementación urgente de Puestos de Mando Unificado (PMU) en las regiones más afectadas y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que garantiza la suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Además, Marín ha enfatizado que, independientemente de la reforma, el sistema de salud debe tomar un giro total, mejorando su acceso, financiación y gobernanza sin poner en riesgo los avances logrados.
«La reforma a la salud propuesta por el Gobierno ha generado tensiones en el Congreso, lo que ha afectado la estabilidad del sistema», afirmó Marín. Sin embargo, destacó que la discusión sobre la reforma debe centrarse en corregir las fallas actuales del sistema y fortalecer las condiciones de los trabajadores de la salud, sin que esto cause retrocesos en la cobertura.
En cuanto a la reforma, la defensora del Pueblo indicó que es esencial garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de salud y garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos. También resaltó que el plan de transición debe ser detallado, para evitar retrocesos en la cobertura de salud, y subrayó que la crisis del sector necesita ser atendida de manera urgente.
La Defensoría del Pueblo continuará supervisando la situación y trabajando para asegurar el cumplimiento del derecho constitucional a la salud, evitando que los problemas de accesibilidad se conviertan en una crisis más profunda que ponga en riesgo el bienestar de millones de colombianos.



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