Revelan nuevas pruebas de presunto desvío de recursos en la UTL de David Racero
La Corte Suprema de Justicia avanza en la investigación contra el representante a la Cámara David Racero por presunto uso indebido de recursos públicos, luego de que se conocieran nuevas pruebas sobre transferencias realizadas por miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) entre 2018 y 2020.
Según una columna del periodista Daniel Coronell en Los Danieles, bajo el título El mercado regalado, existen documentos que muestran cómo colaboradores y familiares del congresista recibieron depósitos que luego habrían sido destinados a gastos personales, incluidos pagos de mercado durante la pandemia.
Entre las operaciones señaladas figura un giro de 5,3 millones de pesos realizado en diciembre de 2018 por Yidis Gahona, entonces integrante de la UTL de Racero, directamente a la cuenta del congresista. Gahona y su esposa, Estefanía Montoya —también vinculada al equipo legislativo—, aparecen como protagonistas de varias transacciones que, según la versión de Montoya, serían “préstamos temporales”.
Transferencias a familiares y gastos de mercado
Otros casos documentados muestran transferencias a familiares del parlamentario. En abril de 2019, Viviana Marcela Moreno, asesora de la UTL con un salario cercano a 10 millones de pesos, consignó 2 millones al hermano de Racero y otros 2 millones a su entonces compañera permanente, Mariana Hernández. Ese mismo día, Racero retiró 1,7 millones desde un cajero. Posteriormente, en diciembre de 2019, la misma funcionaria transfirió 4 millones al padre del congresista, en lo que investigadores calificaron como un “aguinaldo” navideño.
Durante 2020, en plena pandemia, los registros muestran pagos recurrentes de Moreno para cubrir los mercados de la casa de Racero. Documentos de la Corte detallan compras por más de 1,9 millones de pesos en abril en una despensa de Bogotá, así como pagos sucesivos en supermercados y tiendas agrícolas.
La investigación también salpica a Gahona, quien dejó la UTL en medio de un escándalo por acoso sexual y luego fue contratado en la Consejería Presidencial para las Regiones.
Aunque la Sala de Instrucción de la Corte Suprema mantiene el caso abierto desde hace un año, la Procuraduría no ha reportado avances y el Pacto Histórico, colectividad a la que pertenece Racero, no se ha pronunciado oficialmente. Mientras tanto, el congresista sostiene su aspiración de llegar al Senado en 2026.
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