La seguridad dejó de ser un derecho y se volvió un lujo en Colombia.

La seguridad en Colombia atraviesa uno de sus momentos más críticos en la última década. Los recientes informes del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional muestran un incremento sostenido en delitos como la extorsión, el hurto y el homicidio, especialmente en zonas urbanas. Pero más allá de las cifras oficiales, el país vive una sensación de inseguridad que se respira en cada esquina, en cada barrio, en cada conversación cotidiana.

La percepción de miedo se ha convertido en una constante. Los ciudadanos sienten que las instituciones no los protegen y que la justicia no funciona. El delito dejó de ser un fenómeno lejano para instalarse en la vida diaria. En muchas ciudades, salir de noche, usar el celular en la calle o simplemente tomar transporte público se percibe como un acto de riesgo.

Este deterioro de la seguridad no puede explicarse solo por la criminalidad común. Responde a causas estructurales más profundas: desigualdad, desempleo juvenil, falta de oportunidades y abandono estatal en amplias regiones. Allí donde el Estado no llega con educación ni empleo, llegan las economías ilegales, las bandas y el miedo.

Además, la fragmentación de grupos armados y la expansión del narcotráfico han generado nuevas formas de violencia local. Lo que antes se conocía como conflicto armado se ha transformado en una red de micro-violencias que golpean tanto al campo como a las ciudades. En barrios populares, el control de las bandas criminales se traduce en extorsiones, “vacunas” y reclutamiento de menores.

Frente a este panorama, el Estado colombiano enfrenta un desafío doble: restablecer la confianza ciudadana y recuperar el control territorial. No basta con aumentar el pie de fuerza ni con anunciar operativos mediáticos. La seguridad debe abordarse como una política integral que combine prevención, justicia eficaz y oportunidades sociales.

La paz total que propone el Gobierno solo será posible si se traduce en presencia institucional real. De lo contrario, seguiremos repitiendo el mismo ciclo: firmar acuerdos mientras los ciudadanos siguen viviendo con miedo.

En definitiva, la seguridad en Colombia no se resolverá con más armas, sino con más Estado. La confianza, la educación y la justicia deben convertirse en las verdaderas estrategias de seguridad. Porque vivir sin miedo no puede seguir siendo un privilegio; debe ser un derecho garantizado para todos los colombianos.

Por Dairo Mora.

Si quieres conocer más de Revista Poder, siguenos en:
Instagram, X, TikTok y Youtube.