Contraloría pide nueva concesión vial para atender derrumbes en la vía Bogotá–Villavicencio

La Contraloría General de la República hizo un llamado urgente al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para que estructuren de manera prioritaria una nueva concesión vial que permita adecuar el primer tramo de la vía Bogotá–Villavicencio, afectado por el reciente derrumbe en el kilómetro 18, el cual ha impedido el flujo vehicular normal hacia los Llanos Orientales.

Contralorìa

Durante una visita de seguimiento, el ente de control destacó la necesidad de gestionar recursos adicionales para financiar las obras de contención y estabilización del talud afectado, con el fin de garantizar la movilidad y seguridad de los usuarios.

La Contraloría recordó que, gracias a los contratos de concesión suscritos por la ANI con COVIANDES y COVIANDINA, ya está en funcionamiento una doble calzada de 52 kilómetros entre Cáqueza y Villavicencio, con altos estándares técnicos. Sin embargo, el primer tercio del corredor, entre Usme y Cáqueza (34 km), continúa bajo la figura de operación y mantenimiento, sin que se haya ejecutado una intervención estructural definitiva.

El organismo de control expresó su preocupación por los eventos críticos recurrentes en este tramo, como el deslizamiento de más de 200.000 metros cúbicos de tierra ocurrido en el kilómetro 18, que ha afectado gravemente la conectividad con el oriente del país.

Según informó la ANI, el derrumbe constituye un evento imprevisible e irresistible, por lo que excede las obligaciones contractuales del concesionario. No obstante, la Contraloría instó a definir nuevas fuentes de financiación que complementen los $9.134 millones ya apropiados, cifra que considera insuficiente para atender la emergencia.Finalmente, el organismo resaltó la importancia estratégica del corredor Bogotá–Villavicencio–Yopal, esencial para la comunicación entre el centro del país y los Llanos Orientales, una región clave para el desarrollo agroindustrial y la producción de alimentos. Desde 2018, los cierres frecuentes de esta vía han causado pérdidas estimadas en más de $1,5 billones para los departamentos del Meta y Casanare.

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