Contraloría avanza en 522 procesos por malos manejos de los dineros de la salud

En un esfuerzo por garantizar la transparencia en el uso de los recursos destinados a la salud, la Contraloría General de la República ha iniciado 522 procesos de responsabilidad fiscal, con un impacto económico superior a los $11 billones. A través de la gestión del actual contralor general, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, se han emitido 111 imputaciones de responsabilidad fiscal por un valor total de $498.539 millones, así como 41 fallos ejecutoriados que alcanzan los $542.995 millones.

Los esfuerzos del ente de control han permitido un resarcimiento económico de $10.849 millones, mientras que el cobro coactivo ha logrado recaudar $174.230 millones, sumando un total de $185.080 millones en recuperación de recursos. No obstante, la lucha contra la corrupción en el sector salud continúa con la tramitación de 563 procesos de responsabilidad fiscal y 148 indagaciones preliminares por un monto de $527.316 millones.

Las auditorías y alertas emitidas por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari) han puesto de manifiesto que el manejo indebido de los recursos de salud sigue bajo estricta vigilancia. Desde la Contraloría Delegada para el Sector Salud, se han realizado auditorías financieras y de cumplimiento, así como seguimientos permanentes y actuaciones especiales de fiscalización. Entre los hallazgos más relevantes se encuentra el incumplimiento de los indicadores financieros por parte de algunas EPS, el uso indebido de los recursos públicos y la vigilancia sobre los pagos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

En el transcurso del año 2024, se consolidaron 871 hallazgos administrativos, de los cuales 182 presentan presunta incidencia fiscal por un total de $181.049 millones. Uno de los puntos críticos en las investigaciones ha sido el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), donde se detectaron irregularidades fiscales por más de $436.000 millones en los últimos dos años. Esta administración ha sido especialmente rigurosa en la identificación y seguimiento de estos problemas.

La Contraloría también ha desarrollado un sistema de información para rastrear los pagos realizados por la Administradora de Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) a las EPS, y de estas a las IPS, con el fin de verificar si los recursos se destinan correctamente. Como resultado, se han emitido 14 alertas sobre el modelo de construcción de hospitales financiados por el Ministerio de Salud en diversas regiones del país.

El contralor general ha reiterado que el trabajo del ente de control es técnico y no responde a intereses subjetivos. Con este propósito, ha liderado foros y mesas técnicas con los principales actores del sector salud para fortalecer la vigilancia de los recursos. El vicecontralor, Carlos Mario Zuluaga Pardo, enfatizó que la Contraloría ha sido la entidad que ha generado los informes más concluyentes sobre las irregularidades en el sector.

Uno de los informes recientes reveló que al menos 14 EPS no cumplen con los indicadores financieros requeridos por ley, afectando la reserva técnica y la liquidez del sistema de salud. Además, una fiscalización especial sobre la vigencia 2020 evidenció que las EPS destinaron más de $6 billones de la UPC para el pago de deudas antiguas, en lugar de cumplir con su función de respaldo financiero. Asimismo, se identificaron pagos de las EPS a las IPS por $5 billones sin facturas ni soportes, lo que ha motivado nuevas indagaciones preliminares para esclarecer el destino de estos recursos.

El trabajo de la Contraloría en este ámbito es una muestra de su compromiso con la transparencia y el adecuado manejo de los recursos públicos. La institución continuará con sus investigaciones para garantizar que los fondos de la salud sean utilizados en beneficio de la población y no en prácticas indebidas que perjudiquen el acceso a los servicios médicos.