Consejo de Estado impone rectificación a Petro por acusaciones contra presidente de Keralty

El Consejo de Estado emitió un fallo este 29 de septiembre de 2025 en el que exige al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de ciertas acusaciones que realizó contra Joseba Grajales Jiménez, presidente del Grupo Keralty, propietario de EPS como Sanitas, en una alocución presidencial del 15 de julio.

En ese discurso, Petro empleó expresiones como “crimen” y “criminal” al referirse a Grajales, señalando presunta financiación irregular de campañas políticas, y dijo además que “el dueño de Keralty es un criminal … debe irse”.

El Consejo consideró que esas expresiones vulneran los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la presunción de inocencia, dado que no se aportaron pruebas ni resoluciones oficiales que respalden los señalamientos con precisión de tiempo, modo y lugar.

¿Qué plantea el fallo?

• El mandatario deberá emitir una rectificación pública en su próxima alocución oficial, para deshacer los señalamientos en los minutos exactos (28:40 y 39:46 de la alocución citada) en los que usó términos como “crimen” y “criminal”. 
• También deberá retractarse de la frase “debe irse”, pues no existe resolución administrativa o judicial que haya ordenado su expulsión del país ni que haya considerado a Grajales como infractor de ese carácter.
• El fallo evalúa que la libertad de expresión también tiene límites para funcionarios públicos de alto rango, quienes deben actuar con un mínimo de diligencia cuando emiten acusaciones con efectos reputacionales.

Keralty celebró la decisión judicial, señalando que sus declaraciones fueron infundadas y que la empresa ha sido sometida a una “persecución persistente” por parte del Ejecutivo.

La disputa entre el Gobierno y Sanitas / Keralty se enmarca en la crisis del sistema de salud colombiano. En junio de 2025, la Corte Constitucional dejó sin efectos la intervención de Sanitas por considerar que sufrió vicios de procedimiento, lo que devolvió el control a Keralty. Pero la relación sigue marcada por acusaciones cruzadas sobre déficit financiero, deudas y posibles manipulaciones del sistema.

Keralty ya ha denunciado que la intervención dejó la EPS “devastada”, con un deterioro institucional, operativo y financiero, y que el Gobierno ha ejercido acciones arbitrarias en su contra.

Además, Keralty ha manifestado que no solamente es cuestión reputacional para ellos, sino también un punto estratégico en el debate sobre la reforma al sistema de salud del gobierno Petro, lo cual intensifica la tensión política alrededor del conflicto. 

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