Congreso tiene hasta junio para responder a la consulta popular

El 1° de mayo, en medio del Día del Trabajo, el presidente Gustavo Petro oficializó ante el Congreso la radicación de la consulta popular con la que busca revivir su archivada reforma laboral. Desde este momento, la Plenaria del Senado tiene un plazo legal de 30 días para pronunciarse de manera afirmativa o negativa frente a la iniciativa. Esto quiere decir que la respuesta podría conocerse en la primera semana de junio, cuando el Congreso defina si llama al pueblo a las urnas.

Sin embargo, la radicación del documento generó fricciones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Las fuertes declaraciones del presidente Petro en la Plaza de Bolívar fueron interpretadas como una forma de presión, lo que provocó rechazo por parte de varios congresistas. Algunos incluso anunciaron que llevarán el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que hubo una amenaza directa al poder legislativo.

Posible futuro de la consulta popular

De ser aprobada la consulta por el Congreso, se abriría la puerta a un proceso de implementación legislativa de los 12 puntos planteados, que abarcan desde estabilidad laboral hasta derechos de trabajadores informales. Este proceso tendría un plazo máximo de dos períodos constitucionales para convertir el mandato popular en leyes formales. Si el Congreso incumple con ese paso, el Gobierno podría, según el ministro Armando Benedetti, proceder a legislar por decreto.

Por otro lado, si el Congreso no se pronuncia dentro del plazo, el presidente tendría la facultad de convocar directamente al pueblo a las urnas en los siguientes tres meses. Este escenario podría generar un ambiente de polarización política mayor, ya que la consulta sería percibida como una herramienta para presionar al Legislativo y avanzar por vías no convencionales, aunque legales.

En términos políticos, lo que está en juego no solo es una reforma laboral, sino el equilibrio entre los poderes del Estado. Si el Congreso bloquea o ignora la consulta, el Gobierno buscará apoyo ciudadano directo, apelando a su base popular. Si logra el aval, el desafío será mantener la gobernabilidad para que las reformas no se queden en el papel. En ambos casos, junio será un mes decisivo para el rumbo institucional del país.

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