Congreso aprueba reforma para agilizar la justicia penal en Colombia

Con apoyo unánime de la plenaria de la Cámara de Representantes, el Congreso de la República dio luz verde en último debate al Proyecto de Ley 281 de 2024 del Senado, una ambiciosa iniciativa orientada a transformar el sistema judicial penal en Colombia. La propuesta, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Justicia, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación, busca modernizar la justicia, reducir la congestión de procesos y garantizar respuestas más rápidas a las víctimas.

El ministro encargado de Justicia y del Derecho, Augusto Ocampo, destacó el trabajo articulado entre las instituciones que lideraron el proyecto. “Este es un paso trascendental hacia una justicia más equitativa y cercana a los ciudadanos. Hoy gana el país, gana la administración de justicia y ganan las víctimas que exigen respuestas eficaces”, afirmó al cierre del debate.

Desde la Corte Suprema, el presidente Octavio Tejeiro celebró la aprobación de la iniciativa y resaltó su impacto directo en la ciudadanía. “Es una reforma que permitirá acelerar los tiempos de respuesta y fortalecer la percepción de justicia en Colombia”, indicó.

Entre los cambios que introduce el proyecto se encuentran la reparación integral para víctimas, beneficios por aceptación de cargos —incluyendo casos en flagrancia—, y nuevos mecanismos como el uso de pruebas anticipadas. También se refuerza el principio de oportunidad, permitiendo suspender términos para evitar que los procesos prescriban.

Uno de los principales retos que busca enfrentar la reforma es la grave congestión judicial: actualmente, más de 43.000 procesos han prescrito en los últimos años, y muchos fallos tardan hasta una década en emitirse. Con la implementación de este nuevo marco, se espera que las decisiones se tomen en plazos de entre uno y doce meses, reduciendo costos y mejorando el acceso a la justicia.

El proyecto ahora pasa a etapa de conciliación entre Senado y Cámara, para luego ser remitido a sanción presidencial. Se trata de un avance significativo hacia un sistema judicial más moderno, eficiente y centrado en los derechos de las víctimas.