Cambio Radical denuncia penalmente a su senadora Ana María Castañeda; ella responde con fuertes acusaciones

La confrontación política y judicial en el Senado escaló tras la denuncia penal presentada por el partido Cambio Radical contra su propia senadora, Ana María Castañeda. La colectividad, liderada por Germán Vargas Lleras, acusa a la legisladora de incurrir en varios delitos por haber participado en la elección de un magistrado de la Corte Constitucional el pasado 3 de septiembre de 2025, pese a una sanción previa que le prohibía ejercer su derecho al voto.

La denuncia

Radicada el 5 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia, imputa a Castañeda los delitos de prevaricato por acción, prevaricato por omisión, abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto y fraude procesal. Según el partido, la senadora desconoció una resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) que revocaba la medida cautelar que inicialmente le había permitido participar en la votación.

La sanción contra Castañeda y su compañero de bancada, Temístocles Ortega, provino de su ausencia en la consulta popular promovida por el gobierno de Gustavo Petro. El Consejo de Control Ético de Cambio Radical les retiró el derecho a voz y voto durante un año. Aunque dos magistradas del CNE suspendieron provisionalmente la sanción, la plenaria del organismo revirtió esa decisión en medio de la votación en el Senado, lo que desató un fuerte choque institucional.

El presidente del Congreso, Lidio García, cuestionó el proceder del CNE al enviar la revocatoria “a quemarropa” durante la sesión, mientras Ortega defendió que tenían derecho a votar. Incluso el presidente Gustavo Petro intervino en el debate, advirtiendo que los derechos políticos de un congresista solo pueden ser suspendidos por un juez penal.

Por su parte, Ana María Castañeda respondió con firmeza a las acusaciones. En un mensaje publicado en X, aseguró que Cambio Radical, encabezado por Germán Córdoba, incurrió en “prevaricato, fraude procesal, abuso de autoridad, falsa denuncia y violencia política”. Además, señaló que la sanción fue impuesta sin respetar su derecho a la defensa y advirtió que las actuaciones del partido tendrán consecuencias legales en la Fiscalía y la Procuraduría.

La polémica continúa abierta y ahora será la Corte Suprema de Justicia la encargada de determinar si hubo responsabilidad penal en la actuación de la senadora.

Sigue leyendo más noticias en Revista Poder

Si quieres conocer más de Revista Poder, visita nuestro canal de  YouTube