Colombia pierde suelos fértiles

Colombia enfrenta una crisis silenciosa la pérdida de sus tierras más productivas. En 1973 el país contaba con 172.000 hectáreas de suelos agrícolas de máxima calidad; hoy no queda ni una. Esta alarmante situación llevó al Ministerio de Agricultura a defender ante la Corte Constitucional la figura de las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), un mecanismo para blindar lo que queda de tierra fértil y garantizar la seguridad alimentaria.

Ministerio de Agricultura

La ministra Martha Carvajalino explicó que solo el 2,8 % del territorio nacional reúne condiciones óptimas para cultivar: unas 3,2 millones de hectáreas de clases agrológicas II y III. Estos suelos, sin embargo, están amenazados por la urbanización, la degradación ambiental y el cambio de uso.

La relevancia del debate es clara. Según el Ministerio, entre el 70 % y el 80 % de los alimentos consumidos en Colombia provienen de la agricultura campesina, familiar, étnica y comunitaria. Si se pierden los suelos fértiles, no solo aumentarán los precios, también se pondrá en riesgo a quienes producen los alimentos básicos del país.

Carvajalino enfatizó que las APPA no limitan la autonomía territorial: “No cambiamos ni definimos el uso del suelo; esa sigue siendo competencia de alcaldes y concejos. Lo que buscamos es dar lineamientos técnicos para proteger las tierras agrícolas”.

El proceso de construcción de esta política ha contado con más de 600 reuniones de socialización entre 2023 y 2025, en las que participaron casi 7.000 personas, incluidas comunidades campesinas y autoridades locales.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) recordó que Colombia ya perdió todos sus suelos de clase I, los más aptos para la agricultura. Además, la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) advirtió que, si no se toman medidas inmediatas, el país podría enfrentar una crisis de alimentos en los próximos años. En este sentido, el reto ahora es definir qué pesa más la autonomía territorial de los municipios o, por el contrario, la obligación del Estado de garantizar comida para todos los colombianos.

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