Colombia negocia con Venezuela para liberar a al menos 38 connacionales detenidos
La Cancillería de Colombia confirmó que mantiene negociaciones directas con el gobierno de Nicolás Maduro con el propósito de lograr la liberación de entre 38 y 40 ciudadanos colombianos que permanecen detenidos en Venezuela. La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, aseguró que el Ejecutivo está activando mecanismos de diplomacia humanitaria y buscando garantías de debido proceso para los connacionales.
Villavicencio ha pedido al gobierno venezolano que garantice pleno derecho a defensa para los detenidos y que las imputaciones judiciales se revisen bajo estándares internacionales. Dijo además que Colombia tomará como referencia los acuerdos que Venezuela ha suscrito en el pasado con Estados Unidos, en los que se han liberado ciudadanos en circunstancias similares.
La Cancillería sostiene que ya se ha sostenido una reunión con las familias de los detenidos, a quienes se les explicó el estado de las gestiones. Villavicencio recalcó que las acciones incluirán recursos dentro del derecho internacional humanitario y diplomacia bilateral.
Entre los casos que motivan la presión diplomática figura el reciente acuerdo entre Venezuela y Estados Unidos, mediante el cual se liberaron seis ciudadanos estadounidenses. Colombia aspira replicar ese canal para sus nacionales.
El reporte de El Tiempo destaca que las negociaciones estarían orientadas a que algunos de los detenidos, incluso con cargos o imputaciones, puedan tener acceso al derecho de defensa.
Fuentes diplomáticas manifiestan que el Gobierno colombiano está adoptando una estrategia prudente: no exige liberación masiva sin garantías judiciales, sino que reclama el debido proceso como fundamento legal. Familias de los detenidos en Venezuela han denunciado falta de información, ausencia de comunicación consular y opacidad en los procesos judiciales. Este reclamo humaniza la presión detrás de la diplomacia.
La negociación ocurre en un entorno político polarizado: Colombia no reconoce la legitimidad de las elecciones venezolanas de 2024, lo que complica las relaciones diplomáticas.
Es posible que las liberaciones estén condicionadas a intercambios, concesiones o medidas de reciprocidad, aunque el gobierno colombiano ha declarado que la prioridad es humanitaria, no política.
La eficacia del proceso depende del control judicial venezolano, es decir, jueces y fiscalía locales podrían obstaculizar decisiones aunque haya acuerdos políticos. Existe riesgo de que algunas liberaciones sean simbólicas y no reflejen una solución estructural para los casos más complejos. A nivel interno, los familiares mantienen movilizaciones y presión pública, lo que obliga al gobierno a mostrar resultados concretos pronto.
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