Ciudades capitales alertan de colapso inminente en la Nueva EPS y exigen acciones urgentes al Gobierno

Los secretarios y secretarias de Salud de las ciudades capitales lanzaron una advertencia directa: la crisis de la Nueva EPS es innegable y ya compromete el derecho fundamental a la salud en Colombia. La entidad, que concentra más de 11,7 millones de afiliados, acumula deudas superiores a $21 billones, enfrenta la ruptura de su red de prestadores y registra miles de quejas por demoras en medicamentos, citas y procedimientos. Para las capitales, el deterioro llegó a un punto que no se puede seguir normalizando.

Las capitales, epicentro del mayor impacto

Las ciudades capitales concentran el 70 % de los servicios especializados del país, por lo que reciben remisiones de casi todos los departamentos. Esa realidad las convierte en el punto donde la crisis es más evidente.

Los balances son alarmantes, según advierte Asocapitales.

• Bogotá reporta 1.943 quejas entre enero y septiembre de 2025 y un aumento dramático de su cartera, que pasó de $35.000 millones a más de $90.000 millones.
• Valledupar mantiene colapsada la entrega de medicamentos y atiende, además, pacientes del sur de La Guajira, Bolívar, Magdalena y los 25 municipios del Cesar.
• Cali, por su parte, advierte fallas en cirugías, urgencias y tratamientos de alta complejidad.
• En Puerto Carreño, donde el acceso solo es aéreo, los retrasos han significado incluso fallecimientos por falta de atención oportuna.
• Medellín ha tenido que invertir más de $400.000 millones para sostener la atención ante la falta de pagos de Nueva EPS y Savia Salud.

Aunque cada territorio vive una realidad diferente, todos coinciden en lo mismo: no es una crisis aislada; es una crisis nacional que se expresa con mayor intensidad en las capitales.

Los efectos ya son evidentes en millones de ciudadanos. La interrupción de tratamientos de cáncer, diálisis y enfermedades crónicas está aumentando. También lo hace el riesgo de muerte por falta de atención oportuna.
A esto se suma la sobrecarga de los hospitales públicos, la suspensión de prestadores privados y la ruptura de la cadena de medicamentos.

El panorama jurídico también se agrava. Las tutelas, los incidentes de desacato y las quejas formales se disparan sin que se vea una solución sostenida.

Las capitales exigen medidas inmediatas

Como autoridades sanitarias, los secretarios piden acciones verificables antes de que termine 2025. Entre las solicitudes principales se encuentran:

• Un plan de choque con un cronograma público de pagos a hospitales y clínicas.
• La garantía de continuidad para los tratamientos críticos y de alto costo.
• Flujos directos y trazables de recursos desde el ADRES a los prestadores.
• Criterios unificados de vigilancia sobre la Nueva EPS.
• Ajuste de la UPC, conforme a lo solicitado en el auto 007 de la Corte Constitucional.

A nivel estructural, piden revisar las medidas de intervención vigentes, evaluar de manera externa la situación financiera real de la EPS y fortalecer la protección de los hospitales públicos.

Las ciudades acordaron actuar de manera coordinada ante la gravedad del momento. Entre las decisiones tomadas están:

• La adhesión conjunta a la acción popular interpuesta por Medellín.
• La presentación de una declaratoria de estado de cosas inconstitucionales en materia de salud.
• La instalación de una Mesa Técnica Nacional de Salud de las Capitales, con participación de Minsalud, Supersalud, ADRES y los gremios hospitalarios.

“La crisis no se puede normalizar”. El mensaje de los secretarios es firme: no aceptarán que la falta de decisiones deje en riesgo la vida de millones de personas. Las capitales, desde Bogotá hasta Puerto Carreño, se comprometen a defender la salud pública con rigor técnico y exigir soluciones reales.

Mientras el país espera respuestas del Gobierno Nacional, la advertencia queda clara: el sistema se acerca a un punto de quiebre y el tiempo para actuar es ahora.

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