Cinco años después, Colombia no avanza en la certificación a personas discapacitadas

El certificado de discapacidad es un documento que permite a las personas con discapacidad acceder a servicios y programas especiales. 

La Resolución 113 de 2020 busca unificar el proceso de certificación de discapacidad, generar información clave para la toma de decisiones y garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos y acceder a los servicios que necesitan. 

Sin embargo, una investigación de la Fundación Saldarriaga Concha, demuestra que 5 años después el país no ha avanzado lo suficiente para certificar a las personas con discapacidad. 

Dicho documento en el que certifica la discapacidad, les permitiría acceder a servicios y programas especiales, tal como, descuentos en transporte, exenciones del pago de cuota moderadora y copago durante la atención en salud y un Plan Individual de Ajustes Razonables (Piar) para niñas, niños y jóvenes en establecimientos educativos.

¿Cuántas personas discapacitadas hay en el país?

Con corte al 12 de marzo de 2025, según el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), hay un total de 447.363 pacientes que cuentan con certificado de discapacidad. 

De igual manera, el mayor número de personas con certificación se encuentra en Bogotá (70.922), seguido por Antioquia (40.140) y Valle del Cauca (30.906).  El departamento con menos registro es Vaupés (179). En cuanto a regiones, el mayor número está en la región Andina, seguida por la región Caribe.

Lina María González, líder de Salud y Bienestar de la Fundación Saldarriaga Concha e investigadora principal del informe, expuso que:

“Una cifra baja si se tiene en cuenta que la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que en el mundo las personas con discapacidades son el 15% de la población mundial.  En Colombia, el DANE estima que un 5,6% de la población mayor de 5 años tiene algún tipo de discapacidad, lo que representa cerca de 2,65 millones”.

Barreras para obtener el certificado de discapacidad

El informe dimensiona las barreras para obtener el certificado de discapacidad en ocho puntos:

• Falta de formación: Los profesionales de la salud, no conocen los procedimientos para certificar a los pacientes.
• Dificultades en el proceso: Las IPS y los profesionales certificadores expresan la inconformidad por la complejidad administrativa y la escasez de recursos.
• Alta rotación: La alta rotación de personal retrasa los procesos y deja a los pacientes atrapados en la burocracia, sin acceder a su certificación.
• Brecha tecnológica y falta de infraestructura: No hay conectividad ni recursos para que las personas puedan acceder a los centros de certificación.
• Tiempos extensos de espera: No es fácil obtener una cita para la valoración multidisciplinaria.
• Falta de información: La sociedad no tiene conocimiento del Certificado de Discapacidad, ni de cómo acceder a este.
• Escasez de recursos: No hay los recursos financieros y humanos necesarios para cubrir la demanda del proceso.
•  Impacto del conflicto armado: Los territorios afectados por el orden público, impiden que se lleven a cabo los procesos de certificación. 

¿Qué solución propone la investigación?

Pese a los obstáculos, un informe destaca que en regiones como Girón (Santander), Bogotá D.C. e Icononzo (Tolima) se han realizado esfuerzos valiosos para mejorar la certificación de discapacidad mediante la articulación entre IPS certificadoras, Secretarías de Salud y líderes sociales. 

Aunque son casos excepcionales, estas experiencias y los testimonios recogidos sugieren la necesidad de implementar cambios estructurales y operativos en el proceso de certificación a nivel nacional, estos son algunos de los que los investigadores proponen:

• Fortalecer la educación y las campañas de sensibilización a los profesionales a cargo de la certificación y que interactúan con esta población.
• Orientar a los miembros del Consejo General de Educación Médica en temas de certificación de discapacidad, promover espacios de articulación en las salas de educación médica e implementar estrategias para fomentar la autorregulación en el sector médico.
• Asignar a los territorios durante el primer trimestre de cada vigencia los recursos que vienen del nivel nacional, garantizando la continuidad del proceso de certificación. También se debe determinar la obligatoriedad de los gobiernos departamentales y distritales para incorporar los recursos nacionales al presupuesto local de manera oportuna, no mayor a dos meses después de haber sido asignados.
• Diseñar estrategias de comunicación y difusión del proceso de certificación y sus beneficios en un lenguaje claro y entendible para los diferentes pacientes. Tarea que se debe realizar de la mano de las organizaciones de base comunitaria y los colectivos de discapacidad para diversificar los recursos y los mecanismos de difusión.
• Replantear las formas del trámite de la certificación para que se simplifique la verificación de los diagnósticos, sobre todo cuando estos son evidentes. Esto facilita validar el diagnóstico relacionado con la discapacidad, con la documentación de la historia clínica previamente a la valoración interdisciplinaria.
• Mejorar la conectividad y accesibilidad en todo el territorio nacional.

La investigación completa de la Fundación Saldarriaga Concha, la puede encontrar en el siguiente enlace, además, puede ampliar la información con esta infografía.

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