Carlos José Mattos Barrero niega relación con desaparición de líderes indígenas: “Es un homónimo”

La defensa del empresario Carlos José Mattos Barrero rechazó categóricamente las acusaciones que lo vinculan con un caso de secuestro y desaparición forzada de líderes indígenas del pueblo arhuaco ocurrido en 1990 en el Cesar. Este señalamiento surgió a raíz de una compulsa de copias que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) envió a la Fiscalía para que investigue a varias personas, entre ellas los hermanos Carlos y José Mattos, por su presunta participación en hechos relacionados con el conflicto armado.

Los abogados de Mattos Barrero aclararon que el empresario, conocido por su condena en el caso Hyundai, no tiene relación alguna con los hechos por los que se le menciona. Según explicaron, el “Carlos Mattos” señalado en las investigaciones es en realidad un homónimo, una persona diferente que comparte nombre y apellido pero que no guarda ningún vínculo con el reconocido empresario.

El abogado Alfonso Arenas, representante legal de Mattos Barrero, afirmó que en varias ocasiones se ha demostrado ante diferentes instancias judiciales que las acusaciones relacionadas con la desaparición de los indígenas arhuacos no corresponden a su cliente. Este malentendido habría surgido a partir de declaraciones de José del Carmen Gelves, alias “El Canoso”, exvocero político de las Autodefensas Unidas de Colombia, quien en un interrogatorio señaló a un “Carlos Mattos” como involucrado en el secuestro y desaparición de indígenas, pero posteriormente aclaró que no se refería a Carlos José Mattos Barrero, sino a otra persona con el mismo nombre.

La defensa también recordó que Mattos Barrero fue vinculado erróneamente en el pasado a otra investigación relacionada con el asesinato de un ganadero y su ahijado en Codazzi, Cesar, proceso que fue archivado tras confirmarse que el responsable era otro tocayo.

Con esta aclaración, los abogados buscan despejar cualquier duda y evitar que se afecte la reputación de Mattos Barrero con acusaciones infundadas. La JEP, mientras tanto, continúa con la investigación sobre los hechos ocurridos en los años 90 que involucran a varios civiles, en el marco de la búsqueda de justicia para las comunidades indígenas afectadas por el conflicto.