Benedetti y Sanguino, en la mira de la Corte

La Corte Suprema de Justicia anunció oficialmente el inicio del juicio contra dos de los funcionarios más visibles del gobierno del presidente Gustavo Petro. Se trata de Armando Benedetti, ministro del Interior, y Antonio Sanguino, titular de la cartera de Trabajo. Ambos enfrentarán procesos judiciales independientes en el alto tribunal, por su presunta participación en hechos de corrupción relacionados con el caso Fonade y el denominado ‘carrusel de la contratación’ en Bogotá.

La Sala de Primera Instancia asumirá la responsabilidad de juzgar a los ministros. El proceso contra Benedetti estará a cargo del magistrado Ariel Augusto Torres, mientras que el caso de Sanguino será conducido por Jorge Emilio Caldas.

Benedetti, quien ha sido una figura clave en la estrategia política del actual gobierno, fue acusado de haber intervenido en la asignación irregular de contratos dentro del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según la acusación, su gestión habría favorecido de manera directa a la empresa Certicámaras, en un proceso de contratación que superó los 1.000 millones de pesos. La denuncia fue presentada por el abogado Jaime Lombana, quien aportó pruebas que, supuestamente, relacionan estos beneficios con la expedición de una ley tramitada por Benedetti en su etapa como congresista.

En paralelo, Antonio Sanguino deberá responder por presuntas gestiones indebidas cuando ocupaba un escaño en el Concejo de Bogotá. De acuerdo con la investigación, habría utilizado su influencia para promover el nombramiento de allegados en entidades públicas, en el marco del escándalo de corrupción que sacudió la administración de Samuel Moreno. El expediente detalla reuniones entre Sanguino y contratistas con el fin de direccionar obras en el Hospital de Usme.

Ambos ministros han rechazado las acusaciones. Sanguino, en particular, alegó que los hechos ocurrieron hace más de 15 años y ya estarían prescritos, lo que —según él— invalidaría cualquier acción judicial en su contra.

Aunque no se ha fijado una fecha exacta para las audiencias, fuentes del alto tribunal advierten que podrían demorarse debido a la congestión de la Sala.

El inicio de estos juicios marca un momento delicado para el gobierno, que promueve actualmente una consulta popular y que podría ver comprometida la imagen de algunos de sus más cercanos colaboradores.