Benedetti tilda de “inamistosa y agresiva” la negativa de Nicaragua a extraditar a Carlos Ramón González

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó este miércoles como “inamistosa y agresiva” la decisión de Nicaragua de negar la extradición de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalado en el mayor escándalo de corrupción del Gobierno de Gustavo Petro.

“Más que ofender, es que si el presidente pide la extradición a cualquier país en el cual existen los tratados y ese país no corresponde a ese pedido de extradición, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, declaró Benedetti a medios de comunicación.

Un asilo que enciende la tensión diplomática

La declaración se conoció tras la difusión de una carta del Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, enviada a su par en Bogotá y fechada este 14 de agosto, en la que se informaba que ese país concedió asilo político a González. En el documento, Managua sostuvo que “toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”.

La negativa del Gobierno de Daniel Ortega llegó solo tres días después de que Colombia solicitara formalmente la extradición del exfuncionario, quien enfrenta una orden de captura por su presunta participación en el desvío de recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Ante la decisión, Benedetti advirtió que “habrá que revisar qué pasa con las relaciones diplomáticas” entre ambos países, lo que abre un nuevo capítulo de tensión bilateral.

El trasfondo: corrupción y carrotanques

De 66 años y excompañero de Petro en la desmovilizada guerrilla del M-19, González es señalado por la Fiscalía de ordenar millonarios sobornos a los entonces presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Iván Name y Andrés Calle, a cambio de apoyo legislativo al Gobierno. Ambos excongresistas están detenidos por el mismo caso.

El dinero provenía, según la investigación, de un contrato firmado para la compra de 40 carrotanques destinados a abastecer de agua a comunidades en La Guajira, que terminó en el centro del escándalo. Por estos hechos, la Fiscalía imputó a González por cohecho, apropiación de bienes del Estado y lavado de activos.

Además, la Procuraduría abrió una investigación preliminar contra funcionarios de la Cancillería luego de que un medio revelara una carta en la que la Embajada de Colombia en Managua pedía renovar la residencia de González. Aunque el presidente Petro negó esa versión y la calificó de “falsa”, el episodio sumó más controversia al caso.

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