Avanza investigación sobre posible responsabilidad de policías en atentado contra Miguel Uribe Turbay

La Justicia Penal Militar continúa con la investigación preliminar para esclarecer las circunstancias del atentado ocurrido el pasado 7 de junio contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, en la localidad de Fontibón, Bogotá. Este proceso judicial fue activado de manera inmediata tras conocerse el ataque, dada la posible implicación de miembros activos de la Fuerza Pública, lo que corresponde a la competencia de esta jurisdicción especial.

La Fiscalía 2440 Penal Militar y Policial de Conocimiento asumió la dirección de las diligencias urgentes y continúa recopilando pruebas y testimonios para identificar a los responsables del hecho violento que dejó gravemente herido al congresista, quien permanece hospitalizado en la Clínica Fundación Santa Fe.

El atentado ha generado múltiples interrogantes, especialmente en torno al esquema de seguridad asignado a Uribe Turbay. La Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional han enfrentado críticas debido a la supuesta falta de coordinación y posibles fallas en la protección del político. Mientras algunas versiones oficiales aseguran que el esquema estaba completo, otras fuentes cercanas al senador aseguran que se produjeron cambios de último momento que afectaron la seguridad del evento, que habría sido planificado con antelación.

Augusto Rodríguez, director de la UNP, ha negado haber recibido solicitudes formales para reforzar el esquema de protección, asegurando que los cambios reportados se debieron a aspectos logísticos y no a una reducción estructural en el número de escoltas. Sin embargo, el abogado de Uribe Turbay ha denunciado la omisión de refuerzos de seguridad pese a múltiples solicitudes realizadas desde principios de año, incluyendo una petición dos días antes del atentado.

El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado sobre la situación, solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer todas las responsabilidades, incluyendo la revisión del papel que jugaron los miembros de la Fuerza Pública en el manejo del esquema de protección.

Actualmente, la Fiscalía Militar continúa con las labores para determinar si hubo negligencia, errores o incluso posibles implicaciones de funcionarios en el ataque. La prioridad es garantizar una investigación transparente y profunda que permita dar con los responsables y fortalecer la confianza en las instituciones encargadas de proteger a los líderes políticos en Colombia.