Audiencia de acusación contra expresidente de Nueva EPS fue aplazada

Fiscalía no entregó los anexos probatorios completos, por lo que el juez reprogramó diligencia para noviembre

Lo que estaba previsto como una audiencia clave contra el expresidente de la Nueva EPS, José Fernando Cardona Uribe, tuvo que ser aplazada este martes porque la Fiscalía no remitió a la defensa el escrito completo de acusación ni los anexos probatorios correspondientes. 

La defensa de Cardona argumentó que no tenía acceso a la totalidad de la documentación necesaria para ejercer su derecho al debido proceso. El juez del caso ordenó al ente acusador la entrega inmediata de los documentos faltantes y reprogramó la audiencia para el 25 de noviembre de 2025, la cual deberá realizarse de forma presencial.

Presuntos cargos y contexto del caso

La Fiscalía ha imputado al exdirectivo cargos por peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento privado, fraude procesal y administración desleal durante su gestión entre 2019 y 2023. Uno de los elementos centrales de la acusación gira en torno al presunto ocultamiento de facturas: la Fiscalía sostiene que Cardona permitió que en ese período Nueva EPS se beneficiara de COP 70.566 millones al procesar parcialmente la facturación real presentada por las IPS contratadas.

Según el escrito, existía una política interna “conocida por cada una de las áreas de la alta dirección” que habría decidido omitir parte de las facturas, con el propósito de presentar una situación financiera más favorable ante supervisores y organismos de control. No obstante, el documento de acusación no hace mención explícita a cifras ampliamente divulgadas por el gobierno, como los 5,5 billones de pesos o los 12 a 14 millones de facturas ocultas.

La aplazamiento de la audiencia ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y eficiencia del proceso judicial. En declaraciones recogidas por medios como Infobae, se advierte que la omisión de documentos por parte de la Fiscalía no es una formalidad menor, sino una obligación jurídica estricta que garantiza el derecho a la defensa y la equidad procesal.

Este caso se inscribe en medio de una crisis profunda en la Nueva EPS, que ha enfrentado cuestionamientos financieros, operativos y de supervisión por parte del Gobierno, la Contraloría y la Supersalud. En múltiples informes se ha denunciado un elevado pasivo, facturas sin auditar y demoras en el pago a prestadores, lo que ha tensionado la operatividad del sistema de salud en Colombia.

Para Cardona y su defensa, la demora implica un ejercicio de defensa más robusto, mientras que para los usuarios del sistema de salud y las entidades regulatorias, el caso representa un momento decisivo para la rendición de cuentas en el sector.

Se espera que para la nueva fecha de la audiencia la Fiscalía haya completado la entrega de todos los anexos requeridos y que el proceso pueda continuar sin nuevas demoras.

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