Alias Chiquito Malo ordena levantar el ‘plan pistola’: el Clan del Golfo suspende ofensiva contra la Fuerza Pública

Tras casi tres semanas de una violenta ofensiva armada que dejó al menos 25 policías y militares asesinados, el Clan del Golfo anunció la suspensión del llamado “plan pistola”. 

La decisión fue impartida por Wilmer Giraldo Quiroz, alias Chiquito Malo, máximo cabecilla de la organización criminal, como confirmaron fuentes de inteligencia militar.

La campaña, ejecutada como represalia por recientes operaciones del Estado en Antioquia y Córdoba, incluyó el pago de entre dos y tres millones de pesos por cada uniformado asesinado. En esos operativos, las autoridades dieron de baja a miembros clave de la organización como alias Chirimoya, Zeus y Terror, y bombardearon campamentos logísticos del grupo.

Respuesta institucional y operativo Agamenón 2.0

El Estado respondió con una ofensiva intensificada: 217 capturas y 15 integrantes del Clan fueron neutralizados desde el inicio del plan el pasado 15 de abril, según cifras del Ministerio de Defensa. 

Además, se incautaron 123 armas de fuego, más de 15.000 cartuchos, explosivos, lanzadores y casi siete toneladas de estupefacientes. La estrategia, que forma parte del relanzado operativo Agamenón 2.0, tiene cinco frentes de acción, entre ellos el desmantelamiento de economías ilícitas, persecución a cabecillas y control de redes internacionales.

“Estas reacciones violentas son producto de los golpes que les hemos dado. Nuestra respuesta seguirá siendo contundente”, declaró Pedro Sánchez, ministro de Defensa.

Prevención, recompensas y seguridad

El Gobierno también endureció los protocolos de seguridad: se modificaron rutinas, se restringieron movimientos y se elevaron los niveles de acuartelamiento en regiones con mayor presencia del grupo armado. “Hay directrices del Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares y la Policía para que los hombres tengan más cuidado”, señaló el almirante Francisco Cubides, comandante de las Fuerzas Militares.

La Fiscalía y la Policía reiteraron las recompensas por información que permita capturar a los responsables. El monto por datos que faciliten la judicialización de autores materiales asciende hasta 200 millones de pesos, mientras que por Chiquito Malo la cifra supera los 4.000 millones.

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