Abuso de poder:10 años de inhabilitación para patrullera que agredió a un joven con un bolillo

La patrullera Erika Judith Pérez Romero, quien se hizo viral por un incidente de abuso de poder ocurrido en octubre de 2024, fue destituida e inhabilitada por 10 años por la Procuraduría General de la Nación. La sanción se produce tras su actuación violenta contra un ciudadano durante un procedimiento judicial grabado por el propio afectado.

El hecho ocurrió el 15 de octubre de 2024 en las inmediaciones del humedal Juan Amarillo, en la localidad de Suba, Bogotá. El joven agredido, identificado como Juan Sebastián Nova, había sido abordado por varios patrulleros, entre ellos Pérez, quienes le solicitaron que pusiera un bozal a su perro. Sin embargo, la situación dio un giro cuando Nova comenzó a grabar el procedimiento con su celular.

Al percatarse de que estaba siendo grabada, la patrullera reaccionó violentamente, golpeando al joven con un bolillo en la cara mientras le gritaba: “Mire hacia allá” y “No me esté tomando fotos”. Tras el golpe, Nova fue retenido durante casi dos horas y su celular le fue confiscado. Según el joven, cuando solicitó la devolución de su dispositivo, la patrullera le advirtió que si no lo recogía en el CAI esa misma noche, no podría recuperarlo.

La grabación rápidamente se viralizó en redes sociales, generando indignación en la opinión pública. Tras la difusión del video, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, solicitó una investigación exhaustiva por parte de la Policía Metropolitana, mientras que el gobierno distrital expresó su compromiso con el proceso.

La Policía Metropolitana rechazó el uso desmedido de la fuerza en el incidente y abrió una investigación disciplinaria contra la patrullera Pérez. Posteriormente, el Ministerio Público investigó el caso y determinó que la uniformada abusó de su posición de autoridad al golpear a Nova con un bastón tonfa durante el procedimiento, violando principios clave como la proporcionalidad y la necesidad en el uso de la fuerza.

La Procuraduría calificó la conducta de Pérez como gravísima y, en un fallo de primera instancia, decidió sancionarla con su destitución e inhabilitación por 10 años para ejercer funciones públicas.

Repercusiones
Este caso ha alimentado el debate sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades en Colombia y ha puesto en evidencia la necesidad de revisar los protocolos para el ejercicio de la autoridad policial. Diversos sectores han pedido una reforma profunda en el control y la supervisión de las actuaciones de la fuerza pública.