Corte Constitucional sí estudiará el ‘decretazo’ de consulta popular promovido por el Gobierno Petro

La Corte Constitucional decidió revocar el auto emitido el pasado 18 de julio por el magistrado ponente Álvaro Carvajal, quien había rechazado varias demandas contra el llamado “decretazo” con el que el Gobierno pretendía convocar una consulta popular. Aunque el decreto fue derogado tras la aprobación de la reforma laboral, el alto tribunal determinó que sí es competente para revisar su constitucionalidad.

La Sala Plena devolvió los expedientes al despacho ponente para que continúe el trámite de admisibilidad y evalúe si las demandas cumplen los requisitos necesarios para abrir un juicio de constitucionalidad. La decisión se basa en que, pese a la derogatoria del decreto, la Corte mantiene su facultad para examinar normas relacionadas con la convocatoria y realización de consultas populares cuando existen cuestionamientos sobre posibles vicios de procedimiento.

Inicialmente, Carvajal había considerado que el decreto debía ser analizado por el Consejo de Estado, pues se trataba de un acto administrativo. Sin embargo, la Sala Plena concluyó que, en este caso, el análisis de fondo no puede descartarse, ya que la norma involucraba directamente un mecanismo de participación ciudadana previsto en la Constitución.

El origen de la controversia se remonta a mayo, cuando el Senado negó la convocatoria de la consulta popular impulsada por el presidente Gustavo Petro, quien aseguraba que la ciudadanía debía pronunciarse de manera directa sobre temas laborales y de salud. Tras la negativa del Congreso, el Gobierno, con apoyo jurídico del entonces ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, apeló a la llamada excepción de inconstitucionalidad para desconocer la votación legislativa y expedir el decreto que llamaba a las urnas.

Con la decisión de la Corte, se espera ahora un pronunciamiento definitivo que despeje el vacío jurídico generado por la expedición del “decretazo”. Si el tribunal concluye que fue inconstitucional, se abriría la puerta a eventuales responsabilidades, incluso de carácter penal, para los funcionarios que firmaron el documento.

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