Contraloría enciende alertas por riesgos fiscales ante el no pago de la bonificación judicial
La Contraloría General de la República lanzó una advertencia sobre los riesgos fiscales que enfrenta el Estado por el no pago de la bonificación judicial a los empleados del sector justicia, un beneficio reconocido en diferentes fallos judiciales y conceptos normativos, pero que aún no ha sido asumido plenamente por las entidades responsables.
Según el organismo de control, la falta de cumplimiento genera dos impactos graves:
- Un posible aumento de las demandas y contingencias fiscales contra el Estado.
- Un uso ineficiente de los recursos públicos, debido a que la mora en el pago podría terminar encareciendo las obligaciones futuras por intereses, indemnizaciones y costas judiciales.
¿Qué es la bonificación judicial y por qué hay alerta?
La bonificación judicial es un beneficio económico contemplado para empleados de la rama judicial y otras entidades relacionadas con la administración de justicia. Sin embargo, múltiples trabajadores han tenido que acudir a demandas y reclamaciones para exigir su cumplimiento, lo que ha llevado a decisiones judiciales a favor de los empleados.
La Contraloría advierte que esta situación puede convertirse en un riesgo fiscal creciente, pues el número de reclamaciones aumenta mientras las entidades no asumen de manera ordenada el pago correspondiente.
El organismo señala que no cumplir con este tipo de obligaciones genera:
- Afectación a la sostenibilidad fiscal, debido a que los pagos futuros podrían ser más costosos.
- Pérdida de eficiencia administrativa, al obligar al Estado a responder judicialmente por obligaciones ya reconocidas.
- Riesgo reputacional, por la acumulación de fallos que evidencian falta de gestión oportuna.
La Contraloría instó a las entidades del sector justicia a revisar el estado de las obligaciones pendientes, ejecutar los pagos correspondientes y a adoptar planes de mitigación fiscal para evitar que esta situación se convierta en un pasivo mayor.
Además, pidió al Gobierno y a los órganos administrativos de la justicia implementar mecanismos claros para garantizar el pago oportuno y reducir la litigiosidad asociada.
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