Sanción a la campaña de Gustavo Petro queda en manos de conjueces: el CNE no logró los votos necesarios

El Consejo Nacional Electoral (CNE) no logró tomar una decisión definitiva sobre la posible sanción a la campaña presidencial de Gustavo Petro por presunta violación de topes electorales en 2022. La votación terminó 5 a 2, insuficiente para aprobar la ponencia que requería seis votos de siete magistrados.

La sesión estuvo marcada por impedimentos y recusaciones. La magistrada Alba Lucía Velásquez no participó tras ser recusada, mientras que Álvaro Echeverry se declaró impedido por haber trabajado en la campaña de Petro. Por su parte, los magistrados Cristian Quiroz y Fabiola Márquez salvaron su voto.

Con este escenario, la decisión final recaerá en dos conjueces. Por sorteo, fueron seleccionados los abogados Jorge Iván Acuña y Majer Abushihab, quienes deberán revisar la investigación y la ponencia presentada para luego regresar el expediente al CNE, que votará nuevamente.

La ponencia, elaborada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), concluye que sí hubo una violación de topes que superaría los $3.500 millones. Según el documento, la campaña habría omitido reportar ingresos que finalmente se usaron como gastos, entre ellos aportes de:

• Unión Sindical Obrera (USO): $500 millones

• $121 millones en primera vuelta

• $379 millones en segunda

• Fecode: $500 millones, dirigidos a Colombia Humana, colectividad del Pacto Histórico

Entre los presuntos responsables señalados están el presidente Gustavo Petro y el entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol. La ponencia propone sanciones y multas que recaerían sobre:

• Ricardo Roa: alrededor de $6.000 millones

• Tesorera Lucy Mogollón: por financiamiento con fuentes prohibidas

• Auditora Lucy Soto: por financiamiento con fuentes prohibidas

• Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP): cerca de $600 millones cada una

¿Podría Gustavo Petro perder la Presidencia?

La respuesta es no. Aunque se aprobara la ponencia, el CNE no tiene competencia para ordenar la pérdida del cargo del presidente. Así lo determinó el Consejo de Estado el 6 de agosto de 2024, al aclarar que solo el Congreso de la República, mediante un juicio político, puede retirar a un mandatario del poder.

El CNE sí puede imponer sanciones administrativas, pero cualquier actuación penal o disciplinaria contra altos funcionarios corresponde a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Petro ha rechazado varias veces la investigación del CNE, asegurando que no tiene facultades para investigarlo. En junio de 2025, la Corte Constitucional ratificó que, aunque el CNE no puede investigar al presidente, sí puede revisar las actuaciones de los partidos y miembros de la campaña.

La decisión definitiva ahora queda en manos de los conjueces, quienes en los próximos días definirán el rumbo de uno de los expedientes más delicados alrededor de la campaña presidencial de 2022.

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