Contraloría alerta crisis fiscal por régimen de pensiones de la Fuerza Pública

La Contraloría General de la República lanzó una fuerte advertencia sobre el creciente riesgo fiscal que representan las pensiones de las Fuerzas Militares y de Policía, un sistema que, según el organismo de control, podría convertirse en una de las mayores presiones para las finanzas públicas del país en los próximos años.

De acuerdo con el análisis, el pasivo pensional de la Fuerza Pública supera los $450 billones, cifra que equivale a casi un tercio del PIB nacional. La Contraloría advierte que, de mantenerse las condiciones actuales, el Estado no tendrá capacidad de sostenibilidad fiscal para responder a las obligaciones del régimen especial.

Un sistema costoso y sin sostenibilidad a largo plazo

El régimen de pensiones de la Fuerza Pública —que incluye a miembros activos y retirados del Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional— se financia casi en su totalidad con recursos del presupuesto nacional, lo que genera una presión constante sobre el gasto público.

En la actualidad, los aportes de los uniformados activos solo cubren una mínima fracción del valor total de las mesadas, por lo que el grueso de las pensiones se paga con recursos del Tesoro, lo que agrava el déficit estructural del sistema.

La Contraloría señala que, aunque este régimen tiene justificaciones constitucionales por el tipo de servicio que prestan los miembros de la Fuerza Pública, la brecha entre aportes y pagos efectivos es insostenible.

El llamado al Gobierno y al Congreso

En su pronunciamiento, el ente de control exhorta al Gobierno Nacional y al Congreso de la República a abrir una discusión técnica y responsable sobre la reforma del régimen pensional militar y policial, con el fin de garantizar su sostenibilidad y reducir el impacto fiscal.

Además, plantea la necesidad de mayor transparencia en la información pensional, la consolidación de bases de datos unificadas y la creación de mecanismos de evaluación que permitan anticipar escenarios de riesgo financiero.

“Es urgente abordar el tema de manera estructural, con un enfoque que combine sostenibilidad fiscal, respeto a los derechos adquiridos y equidad intergeneracional”, señaló la Contraloría.